Proyecto de modificación de la Ley de Glaciares: el Congreso puede decidir el futuro del agua

La organización ambientalista Greenpeace afirmó que el proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo altera el espíritu y el alcance de la Ley de Glaciares y pone en riesgo protecciones esenciales que brinda la norma al condicionar la conservación de los glaciares y del ambiente periglacial a evaluaciones discrecionales, cuestionar el valor hídrico integral y trasladar a las provincias la definición efectiva de qué queda protegido, lo cual vulnera el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la Constitución Nacional.

“Modificar la ley es inconstitucional. Constituye un serio retroceso en las políticas ambientales del país, debilita el carácter de presupuesto mínimo ambiental validado por la Corte Suprema, vulnera gravemente los compromisos internacionales asumidos por Argentina para hacer frente a la crisis climática, debilita la coherencia de nuestra política ambiental y expone a las reservas estratégicas de agua dulce a un riesgo que el país no puede permitirse. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para comunidades y ecosistemas de todo el país”, señaló Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Mientras la legislación actual protege a todos los glaciares y al ambiente periglacial, estén o no incluídos en el Inventario Nacional, esta reforma propuesta condiciona esa protección y habilita su revisión y eventual exclusión.

La iniciativa enviada al Congreso, a su vez, reemplaza prohibiciones claras de actividades sobre glaciares por evaluaciones, y habilita que la protección de glaciares y del ambiente periglacial dependa de dictámenes administrativos y decisiones caso por caso, definidos a nivel provincial.

Los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen de forma directa a 7 millones de personas en el país e indirectamente sostienen actividades económicas regionales como la agricultura y el turismo. La ley vigente protege estos ecosistemas de manera integral, sin condicionarlos a verificaciones posteriores, ya que reconoce que un daño puede ser irreversible. Su degradación no solo compromete el agua en la actualidad, sino la resiliencia hídrica necesaria en un país afectado por la crisis climática.

Greenpeace pide a la ciudadanía que participe activamente en la defensa de los glaciares y exija a los legisladores que no avalen una modificación de la ley. “Sin glaciares, la vida en el planeta es inviable. No podemos permitir que toquen la Ley de Glaciares; implicaría una condena al agua de los argentinos. Degradar la norma sería ceder a presiones que no representan el interés de la sociedad. Argentina ya eligió una vez proteger sus fuentes de agua. Hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de reafirmarlo. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo, es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo”, agregó Rossi Serra.

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