Postergaron para febrero el debate del Proyecto de Reforma Laboral

Durante la jornada de ayer, en la Cámara Alta Nacional, expusieron representantes del fuero de la justicia laboral, de asociaciones bancarias, representantes de plataformas digitales, de entidades y trabajadores del sector audiovisual y de prensa. Se acordó tratar la iniciativa en una próxima sesión prevista para el 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Tras un cuarto intermedio acordado el miércoles, hoy a las 9,30 horas en el Salón Azul, volvió a reunirse la plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), respectivamente, para continuar con el tratamiento del proyecto de ley sobre modernización laboral.

Al inicio de las exposiciones, Guillermo Crespo, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), fundamentó su postura contraria a la norma: "Entendemos que el proyecto es absolutamente negativo, no solo para los trabajadores, sino para el resto de la población. Significa un retroceso y una pulverización de los derechos de los trabajadores, quienes son considerados un estorbo para el desarrollo de la economía argentina. Nosotros entendemos que esta no es la realidad, sino que este país se ha construido sobre la base del trabajo de la gente".

Por su parte, y en coincidencia con Crespo, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) calificó el proyecto como "inconstitucional". Aseguró que la norma no ofrece beneficios a los trabajadores y, por el contrario, "coloca en estado de indefensión a los más vulnerables".

Posteriormente, Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), consideró "adecuado" tratar una modernización laboral. No obstante, solicitó a los legisladores rechazar el artículo 35, que hace referencia a los tipos de entidades donde los empleadores pueden acreditar los sueldos y los salarios, para evitar "un cisne negro que afecte el bienestar de los usuarios bancarios y el crédito para las empresas".

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), coincidió en la necesidad de modernizar el sistema laboral, aunque alertó sobre el impacto del artículo 35 respecto a la acreditación de salarios en billeteras virtuales. Al respecto, señaló que el canal de cobro debe ser "seguro, trazable y protegido", destacando que el sistema bancario es el que garantiza los derechos laborales, la protección jurídica y la transparencia estatal. A su turno, Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), se manifestó a favor de lo expuesto por sus colegas.

Entre los referentes de las áreas de la cultura y la comunicación, expuso Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal que rechazó "de plano la totalidad de la ley porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo". También, Agustin Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) solicitó no eliminar el Estatuto del Periodista Profesional del proyecto de ley y que los legisladores "defiendan la libertad de expresión".

Para abordar el capítulo sobre el trabajo en plataformas, fue invitado Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi. Al respecto, señaló: "Este proyecto es una oportunidad para definir un estándar industrial innovador y pionero, garantizando la libertad de los repartidores para disponer de su tiempo, gestionando la cobertura de seguros necesaria y brindando capacitaciones y soporte humano". Por su parte, Nicolás Beverati, director de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica de Pedidos Ya, coincidió con la medida y expresó: "Celebramos el proyecto; es esencial que avance su sanción porque despeja las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando desde hace 15 años en este país".

Por el lado de los trabajadores de plataformas, Marcelo Pariente reconoció que, si bien las aplicaciones han generado numerosos puestos de trabajo, "este proyecto legaliza la condición de vulnerabilidad y el fraude laboral que enfrentamos hoy".

Al cierre del encuentro, Patricia Bullrich informó que el tratamiento del proyecto se daría en una sesión prevista para el 10 de febrero, tras un nuevo llamado a extraordinarias. Esto otorgaría un mes y medio adicional para profundizar el debate. "Nos gustaría dejar el instrumento firmado, lo cual no impide que el dictamen pueda ser modificado posteriormente", aclaró la senadora.

Además, expusieron: Alejandro Sudera, presidente Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Melina Peñarol Méndez, representante del Foro de Abogados Sindicales; Pablo Topet, asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT); Pablo Dono, director de la Asociación Argentina de Contribuyentes (AAC); María Elena López, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM); Pablo Echarri, actor; Diego Boris Macciocco, músico y expresidente del Instituto Nacional de la Música; Pedro Martino, gerente de Asuntos Públicos de UBER; Natalia Videla Peña, representante de la Academia Argentina de Cine y Daniel Pensa, productor de cine.

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