Por decreto, Milei retiró al Estado como querellante en la causa por la colosal deuda tomada con el FMI durante la gestión de Macri

Por medio del decreto 897/2026 publicado en pasado jueves en el Boletín Oficial, Javier Milei instruye a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis "Toto" Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.

Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris fueron beneficiados por el Gobierno y una jueza federal en la causa que los investigaba por la gigantesca deuda tomada con el FMI durante la gestión de Cambiemos. Es así que Milei dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención como querellante en la causa contra el expresidente por supuesta defraudación al Estado, apenas días después de que María Eugenia Capuchetti archivara el proceso, luego de años sin avances. Con US$44.500 millones, fue el crédito más grande de la historia del organismo multilateral.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo bajo el mandato de Alberto Fernández, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

En su momento, el fiscal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 (CABA), imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios; los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas; hoy ministro de Economía de Milei) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger (hoy ministro de Desregulación) y Guido Sandleris.

Capuchetti fue nombrada juez por Macri y son conocidos sus contactos con importantes dirigentes del PRO. Su decisión fue tan polémica que el fiscal Franco Picardi no dudó en apelar contra el cierre de la causa; quien consideró la decisión de la jueza como “arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”.

Picardi, aduciendo “la gravedad y magnitud de los hechos del caso, así como la solidez de la hipótesis delictiva sustentada en evidencias”, demandó a la Justicia “una investigación acorde y diligente, y una evaluación de las pruebas minuciosa, de cara a los deberes del sistema de administración de justicia con la sociedad".

Apelación:

*con información de LPO

Más sobre: Política.