Escudero pide informes por la autopista Orán-Pichanal

Desde el mes de junio último, la senadora Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) impulsa un proyecto solicitando que el Poder Ejecutivo nacional, y puntualmente la Dirección Nacional de Vialidad,  informe respecto de la construcción de la autopista multitrocha en la ruta nacional 50, entre las ciudades de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

La iniciativa iba a ser tratada en la sesión prevista para el 28 de septiembre último, pero el oficialismo se negó a dar quórum y su tratamiento debió postergarse hasta nuevo aviso.

No es el único proyecto presentado por la senadora salteña en este sentido. Hace más de un año –más precisamente el 11 de agosto de 2010- la cámara alta nacional aprobó un proyecto similar que, hasta el momento, no fue respondido por las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. En aquel entonces, el Senado “solicitaba se tomaran las medidas necesarias para retomar los trabajos de construcción de la autopista”.

“Casi 14 meses después de aprobado ese proyecto en el Senado, el conflicto entre la empresa adjudicataria y Vialidad Nacional está lejos de resolverse, y la obra -vital para la provincia- sigue pendiente”, señaló Escudero.

En el último proyecto presentado el 24 de junio pasado, la senadora Escudero solicita al Ejecutivo que informe: los pagos abonados hasta la fecha a la empresa constructora; el monto adeudado a la misma; las medidas que piensa adoptar la Dirección Nacional de Vialidad para regularizar los pagos y así reanudar las obras; montos adeudados a la dirección de Vialidad de Salta; y plazo estimado para la finalización de la obra.

“La obra fue iniciada en el año 2009. A partir del convenio celebrado entre la Dirección de Vialidad de Salta y la Dirección Nacional de Vialidad, se estableció que el organismo provincial se haría cargo del estudio, proyecto, licitación, certificación e inspección de la obra. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad se reservaba la supervisión y el financiamiento correspondiente. La ejecución fue adjudicada a la empresa DYCASA, con un contrato cuyo monto inicial ascendía a 123 millones de pesos, con un plazo de obra de veinticuatro meses”, recordó la senadora salteña.

“Sin embargo los problemas comenzaron a fines de ese mismo año por demoras en el envío de las remesas desde Nación. En condiciones normales tendríamos que estar presenciando la culminación de las obras. Pero esto no es así debido a los innumerables vaivenes que ha sufrido su ejecución, signada por interrupciones, paralizaciones, cortes, promesas incumplidas”, agregó.

“El objetivo de este proyecto, más allá de solicitar información, pretende el compromiso de las autoridades nacionales en la adopción de medidas definitivas que garanticen la finalización de la autopista prometida. Su concreción permitirá mejorar el tránsito y la seguridad vial de los miles de vehículos que la transitan a diario”, reclamó, por último, la senadora salteña.

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