Siete años de prisión para un empleado Judicial de Salta por el transporte de 23 kilos de marihuana

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó este jueves a Daniel Fernando Aponte, empleado del fuero penal de esa provincia, a 7 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, dado que consideró acreditado que lideró una operación de tráfico de 23 kilos de marihuana que tenía como destino la ciudad de Rosario de la Frontera y que fue desbaratada el 21 de diciembre pasado en el marco de un procedimiento de control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5.

Con la unanimidad de los votos, el tribunal también condenó por los mismos hechos y calificación a Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna a penas de 6 años de prisión. La sentencia incluyo la orden de decomiso de una camioneta Kia Sorento, que fue utilizada para el transporte de la droga. El vehículo era propiedad de una empresa de transporte de la cual el funcionario judicial es socio.

En su alegato, la fiscal subrogante Paula Gallo, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, puso de relieve el daño para la salud que hubiera provocado el cargamento en la sociedad de Rosario de la Frontera, golpeada por el flagelo del consumo de drogas, donde se dirigía la marihuana incautada. Calculó que hubiera servido para generar casi 13 dosis por cada habitante.

Control vehicular

El caso que llegó a juicio tuvo su origen en un control vehicular realizado por la Gendarmería Nacional sobre la ruta provincial 5, a la altura de la ciudad de Joaquín V. González, el 21 de diciembre pasado, donde fue revisada la camioneta Kia Sorento, conducida por Luna, quien informó que provenía de Pichanal, en el norte de la provincia, y que se dirigía a Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán.

La fiscal describió en la audiencia que, mientras revisaba los papeles del vehículo, uno de los gendarmes observó en el baúl varias monturas de caballos y solicitó al chofer que las corriera para ver qué había debajo. Añadió que, como Luna se negó, los gendarmes movieron la carga y descubrieron que los dos paneles laterales habían sido manipulados.

En tal sentido, precisó que, tras informar de ello a la Unidad Fiscal, y bajo sus directivas, los gendarmes avanzaron con una requisa más profunda. De esa forma, encontraron ocultos y distribuidos en diferentes sectores de la camioneta 24 paquetes, equivalentes a un peso total de 23 kilos y 663 gramos de marihuana, con una capacidad suficiente para producir 438.304 dosis.

La fiscal explicó que Luna fue detenido y, a los dos días, formalizó la investigación penal en su contra, en tanto la Unidad Fiscal trabajó con diferentes diligencias, entre ellas el análisis del teléfono celular secuestrado al chofer.

La fiscal Gallo relató que las tareas de campo y de inteligencia criminal encomendadas al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitieron establecer la participación en la maniobra de tráfico de Peralta, quien fue detenido el 25 de febrero de este año, y finalmente del empleado judicial, el 18 de marzo.

“Una ciudad que sufre el flagelo de la droga”

Los acusados optaron por no declarar. La fiscalía desarrolló en su teoría del caso que Aponte tuvo un rol superior, con un absoluto dominio de la droga, incluso como inversor.

Respecto a Luna, la fiscal calificó su participación criminal como transportista, con un eslabón de menor escala. Peralta, en tanto, fue considerado en un rol mayor al del conductor, como encargado de controlar el trayecto del estupefaciente, desde Orán a Rosario de la Frontera.

Para probar estas tesis, la fiscalía contó con el testimonio de los efectivos que participaron del procedimiento, al igual que los investigadores, peritos y analistas.

En su alegato, Gallo ratificó la participación de los tres imputados en el transporte de la droga. Puso de relieve que la marihuana incautada tenía un alto porcentaje nocivo, y marcó que eso es motivo de preocupación en los últimos meses. “Rosario es una de las ciudades que sufre mucho el flagelo de la droga, no solo por el consumo en distintas edades, sino también advertimos que, detrás de cada delito ordinario, como un robo, hay siempre una situación de adicción e ingesta de drogas”, resaltó.

Explicó que los tres acusados residen en esa localidad y que estaban “embarcados” en una maniobra dirigida a perjudicar a “sus propios vecinos”. “Rosario tiene una población de 33.809 personas, mientras que la droga que los acusados pretendían comercializar allí tenía una capacidad de producción de 438.304,161 dosis, o sea, una cantidad de 12.96 dosis por cada habitante”, reveló la fiscal.

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