Senado nacional tratará un proyecto para intensificar controles en desarmaderos

Contempla clausuras para comercios ilegales y penas de prisión de hasta 12 años. Pretende combatir el robo de automotores y el mercado negro de repuestos y autopartes.

La cámara alta nacional tratará mañana en sesión un proyecto de autoría del jefe de la bancada oficialista Miguel Pichetto, que busca mejorar los controles de los desarmaderos de automóviles e impone duras penas para combatir los establecimientos ilegales y el mercado negro de autopartes. La iniciativa consiguió dictamen esta misma tarde en un plenario de comisiones de justicia y asuntos penales –que preside la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal)- y de seguridad interior y narcotráfico.

Los senadores le dieron el visto bueno, también, y giraron para la firma un dictamen elaborado en relación con el proyecto impulsado por la bonaerense Hilda “Chiche” Duhalde para declarar la emergencia en materia de seguridad.

El encuentro contó con la presencia del fiscal de la ciudad de la Plata y director de la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Católica Argentina (UCA) Álvaro GARGANTA, quien respaldó la iniciativa de la senadora Duhalde “por el mensaje que se envía a la ciudadanía. Representa un avance –dijo-, albergamos la esperanza de que sea el cimiento de un futuro plan estratégico en materia de seguridad pública sino, no hay posibilidad de éxito”.

Además, ayer las comisiones comenzaron a debatir una iniciativa presentada por la senadora Graciela Di Perna para incluir en el Código Penal la figura del genocidio. Invitaron para opinar al respecto a la historiadora Nélida Boulgourdjian, y tienen pensado continuar con el tratamiento del proyecto el próximo 2 de noviembre. Ese mismo día, la senadora Escudero pretende realizar una plenaria con la comisión de asuntos constitucionales para abordar el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, que ya cuenta con sanción de la cámara baja.

Desarmaderos

El proyecto que tratará el Senado prohíbe la comercialización, transporte y almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores y el desarmado de un automotor para la venta de sus partes, sin debida autorización legal.

Prevé, asimismo, la clausura definitiva de todos los locales, depósitos, galpones que funcionen como desarmaderos ilegales.

Además, castiga con prisión de seis meses a dos años para: quienes comercialicen autopartes, repuestos o accesorios usados de automotores en forma ilegal; quienes desarmen un automotor para vender sus partes sin estar legalmente habilitado; y quien compre autopartes en locales o a personas no habilitados.

Penas más duras -prisión de tres a seis años- le corresponderán al que colabore para eludir las investigaciones; oculte autopartes, repuestos o accesorios usados o coopere con los autores del delito. La pena se elevará a ocho años si el robo se realiza con uso arma de fuego o con la intervención de  menores de edad; y también en los casos en los que se provoque lesiones a la víctima o terceros. En caso de muerte la pena de prisión será de 5 a 10 años.

También, contempla penas para los miembros de bandas o asociaciones ilícitas que comercialicen  autopartes robadas, a quienes impone pena de prisión de entre tres años y seis meses a diez años. La pena máxima se elevará a 12 años si la asociación ilícita cumple alguno de los siguientes requisitos: esté integrada por, como mínimo, 6 personas; o en caso que tenga una organización de tipo militar; o si tiene participación de funcionarios públicos o agentes de las fuerzas armadas o de seguridad.

Además, la norma prevé la identificación mediante una serie numérica de las autopartes, repuestos y accesorios usados (los que fije la reglamentación).

Emergencia nacional

El dictamen de comisión elaborado sobre la base del proyecto presentado por la senadora Duhalde declara la emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de dos años, prorrogable por el mismo término, con el objeto de habilitar al Poder Ejecutivo nacional a colaborar con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la realización de una serie de obras y programas.

Durante el tiempo que dure la emergencia, el Poder Ejecutivo nacional deberá asistir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los fondos necesarios para construir y reacondicionar las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos, y para mejorar la infraestructura de los juzgados correccionales y criminales.

Además dispone medidas de atención de la minoridad y la juventud. El Ejecutivo deberá construir y equipar establecimientos dedicados al tratamiento integral de niñas, niños y adolescentes con problemas de adicciones y aquellos dedicados a la contención de jóvenes con problemas con la ley penal. También, ordena que construya y mejore la infraestructura destinada a la realización de actividades recreativas y de capacitación laboral en escuelas de jóvenes y adultos.

Asimismo, el Ejecutivo deberá realizar un censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. Tendrá que afectar, además, fondos “para mejorar la implementación o crear programas de integración social de jóvenes de entre 14 y 25 años que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo social”.

Por otra parte, el texto ordena la constitución de la comisión bicameral creada por la ley de seguridad interior (Nº 24.059) para que comience a actuar en un plazo de 30 días. La comisión estará integrada por 8 miembros de cada cámara y estará facultada para: requerir información de organismos públicos y de entidades privadas; podrá proponer medidas; recibir denuncias; y convocar a funcionarios.  Deberá, además,  elaborar semestralmente un informe sobre las mejoras necesarias en materia de seguridad interior.

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