Reynoso enfrenta cargos que contemplan penas de hasta 12 años de cárcel

Aunque permanece en libertad, solamente por la inmunidad otorgada por la Ley Nacional de Fueros, el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, enfrenta dos delitos graves.

Uno de ellos es por presunto “jefe” de una “asociación ilícita”, cuya pena máxima es de 10 años de prisión. A ello se suma, el cargo de “cohecho agravado”, por el cual la condena, en caso de ser hallado culpable, asciende a 12 años de cárcel.

La sensación que quedó ayer en los tribunales federales de la capital salteña tras el estallido de un nuevo escándalo de corrupción judicial, cuyo eje principal es el cobro de “coimas”, es que lo descubierto en torno al juez Reynoso supera ampliamente a su antecesor, el camarista, Antonio Solá Torino, destituido y procesado en septiembre de 2008 por el delito de “cohecho”, sin que ello sea un atenuante para el robusto magistrado que desde el lunes pasado comenzó a ser juzgado, casi siete años después.

Solá Torino, a diferencia de Reynoso, fue procesado y enfrenta en el juicio que se sigue en su contra el delito de cohecho pasivo agravado, y su suerte se dirime entre una pena que cuelga entre los 4 y los 12 años de prisión, situación que, por cierto, ahora se podría complicar, pues el tribunal, frente a este nuevo escándalo, se tendrá que mostrar firme y posibles se sienta exigido a imponer una condena ejemplificadora.

La situación de Reynoso, sin embargo, es mucho más complicada, pues además de la escala penal que lo une con Solá Torino enfrenta también la acusación de “jefe” del delito de “asociación ilícita”, contemplado en el artículo 210 del Código Penal, el cual establece para los cabecillas un mínimo de 5 años de cárcel.

De esta manera, si se suma ambos delitos, y en caso de que Reynoso sea hallado culpable en un juicio, podría recibir una pena que estaría por encima de los 10 años de cárcel, un triste final para un magistrado que llegó a ese juzgado hace 11 años.

Reynoso comenzó su carrera judicial en la justicia provincial como secretario del juzgado civil, entre los años 1984 y 1987, para luego desempeñarse como secretario en un la Cámara Criminal, y posteriormente fue designado defensor oficial, en 1988 y juez correccional, en 1994.

En 2004, en tanto, concursó para el cago de juez federal en Orán, siendo designado en dicho puesto hasta la fecha, aunque se espera que tras este escándalo, el Consejo de la Magistratura inicie, tal como sucedió con Solá Torino, su proceso de destitución.

Aunque no trascendieron mayores detalles, se pudo saber que la organización delictiva que Reynoso lideraba, según lo declarado públicamente por el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación, Diego Iglesias, se había convertido en una aceitada máquina que salía a la “caza” de potenciales narcotraficantes que estaban dispuestos pagar por su libertad.

Este ingrediente no es menor, pues pone sobre relevancia un actividad delictiva de mayor envergadura, cuyo análisis no gira en torno al hecho de que un juez fue tentado en recibir una “coima”, sino se trata de que él mismo motorizaba dicho delito, con el único objetivo de incrementar su patrimonio, como el de sus secuaces, cualquier sea su rol en la organización delictiva creada.

La única razón que evitó hasta el momento la detención de Reynoso es casualmente la inmunidad de arresto que la Ley Nacional 25.320, le otorga, aunque ello no impide que se siga adelante con el proceso penal, incluso hasta la etapa de juicio.

La Voz de Salta

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