Mitos sobre la Santa Sede: las finanzas del Vaticano

El pasado martes 7 de mayo se anunció la firma de un acuerdo entre la Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano (AIF) y el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a fin de fortalecer los esfuerzos en la lucha contra las operaciones de financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero a nivel mundial.

La noticia viene a retomar un tema ya algo trillado en los medios, pero que bien analizado permite inferir que la transparencia es una constante, al menos en los últimos años, en el manejo de las finanzas vaticanas.

La situación actual en los medios. Desde hace unos meses el tema de las instituciones financieras del Vaticano es un lugar común en los medios de comunicación. La Banca Vaticana, el IOR, presuntas conexiones con la mafia y con operaciones non sanctas, purpurados complotando con organizaciones políticas y otras escenas pintorescas nos quieren presentar un mundo ciertamente descontrolad en donde, bajo la máscara de una asociación puramente espiritual, cada cual haría sus negocios y conspiraría a piacere en una alegre y novelesca existencia sin pautas ni límites de ningún tipo.

Una situación como la descripta en el párrafo anterior es a primera vista muy prometedora para redactores de novelas románticas y productores de películas atrapantes. Nada vende más que una buena sotana y, si es posible, un solideo color púrpura caminando por túneles secretos en el Vaticano. Personalmente, consumiría encantada la especie.

Pero a veces la realidad se nos presenta prosaicamente decepcionante. Lamentaría mucho bajar de manera abrupta las expectativas del público, pero a veces es importante saber a qué atenerse y, aunque sigamos consumiendo novelas y películas apasionantes, siempre es bueno saber distinguir la ficción de la realidad.

El informe financiero en concreto. Lo cierto es que, en febrero de 2010 la Santa Sede[1] había solicitado ser evaluada financieramente por el MONEYVAL, organismo del Grupo de Acción Financiera del Consejo de Europa que supervisa las instituciones financieras para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. MONEYVAL evalúa la coherencia y la efectividad del sistema legal y propone medidas para avanzar en la consecución de ese objetivo. En noviembre de 2011 se produjo la primera ronda de la inspección inicial, en marzo de 2012 la segunda y el 4 de julio de ese mismo año se emitió el primer informe sobre la situación financiera de la Santa Sede. Los resultados de este informe son públicos. De hecho, en ellos me estoy basando para redactar estas líneas.

El mentado informe de MONEYVAL destaca que “las autoridades de la Santa Sede/Estado de la Ciudad del Vaticano han recorrido un largo camino en un periodo de tiempo muy breve y gran parte de las piedras fundamentales de la régimen legal de ese Estado están ya colocadas” (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 10). Aun así, como en todos los Estados evaluados por ese organismo, se indica que todavía hay aspectos importantes que requieren ser trabajados.

Según el informe, los principales factores de riesgo existentes en las finanzas de la Santa Sede se vinculan con el alto volumen de transacciones de caja y transferencias on line, la expansión global de las actividades financieras incluyendo a países que no alcanzan satisfactoriamente las recomendaciones de la autoridad internacional, y la limitada disponibilidad de información sobre las organizaciones sin fines de lucro que operan con la Santa Sede (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 7).

Se destaca sobre todo la actualización de la legislación realizada por las autoridades de la Santa sede con el objeto de colocar el Estado de la Ciudad del Vaticano en línea con los estándares internacionales (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 11)[2]. Sólo es cuestión de tiempo saber si las medidas son efectivas en la práctica, pero lo importante por el momento es que las autoridades correspondientes tienen ahora el poder necesario como para tomar las medidas requeridas (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 12).

Así, el informe establece que las medidas preventivas establecidas por la legislación de la Santa Sede otorgan un marco exhaustivo para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los elementos que aún falta trabajar se relacionan sobre todo con un adecuado monitoreo y escrutinio de las relaciones comerciales y las transacciones y con la implementación de la aproximación basada en el riesgo, establecida por la ley (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 14).

Las observaciones principales que MONEYVAL realiza a las autoridades de la Santa Sede se relacionan con la necesidad de comprobar si las instituciones y leyes recientemente puestas en práctica se revelan efectivas en la práctica, y dotadas del necesario poder como para imponerse y cumplir sus objetivos. Otro de los puntos a revisar se refiere a la gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro (NPO) relacionadas con la misión de la Iglesia, las cuales carecerían de un régimen de supervisión adecuado (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 19).

Al respecto, se pone de manifiesto que el IOR comenzó un proceso de revisión de sus bases de clientes y de consideración y estudio de las categorías de las personas naturales y legales aceptables para mantener cuentas en el IOR (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 15).

El Informe alaba las medidas tomadas a fin de facilitar la cooperación nacional e internacional. Se menciona especialmente que en enero de 2012 la Santa Sede ha ingresado a las Convenciones de Viena, Palermo y contra el Financiamiento del Terrorismo de la ONU (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 20).

Las conclusiones de MONEYVAL destacan que la mayor parte de los Estados evaluados han tenido legislaciones semejantes a la de la Santa Sede por diez o quince años y han pasado por tres rondas examinadoras de este organismo. La Santa Sede ha pasado recién por la primera inspección y, en palabras de la institución evaluadora, ha recorrido un camino muy largo en muy poco tiempo para adecuarse a estándares financieros internacionales. En este camino, las autoridades de la Ciudad del Vaticano han colaborado estrechamente con los evaluadores, reaccionando rápidamente para remediar una cantidad de deficiencias puestas de manifiesto durante esta primera inspección. El ulterior desarrollo de este proceso seguirá siendo monitoreado de cerca por MONEYVAL (MONEYVAL, Mutual Evaluation Report; II, 61-62).

La evaluación de la Santa Sede, en comparación con otros Estados. Hasta el día de hoy, treinta Estados se han sometido a la evaluación financiera del MONEYVAL[3]. Esta evaluación explora cuatro grandes ámbitos: Sistemas legales, Medidas preventivas, Medidas institucionales y otras medidas, Cooperación internacional. En todos ellos realiza recomendaciones generales. Además analiza Recomendaciones especiales sobre nueve cuestiones: Implementación de los instrumentos de la ONU, Criminalización de la financiación del terrorismo, Congelamiento y confiscación de bienes vinculados al terrorismo, Informes sobre transacciones sospechosas, Cooperación internacional, Requerimientos legales para los servicios de transferencia de bienes y dinero, Reglamentación de las transferencias on line, Organizaciones sin fines de lucro y Declaraciones transfronterizas.

Para cada uno de estos ítems existen cuatro calificaciones generales, a saber: C (cumplimiento completo), LC (cumplimiento mayoritario), PC (cumplimiento parcial), NC (no cumplimiento) y NA (categoría no aplicable). Las calificaciones PC y NC dan lugar a ulteriores recomendaciones de MONEYVAL.

En un primer análisis, anterior a cualquier tipo de recomendación, la calificación de la Santa Sede, ha registrado con respecto a las exigencias de MONEYVAL un 50% de objetivos completamente o mayoritariamente cumplidos, especialmente en cuanto a los Sistemas Legales, las Medidas institucionales y la Cooperación internacional. Su principal ámbito a trabajar es el de las Medidas preventivas y algunas Recomendaciones especiales.

Sin ánimo de aburrir a los lectores con un análisis muy pormenorizado de la cuestión, es necesario afirmar que estos resultados son similares a los de casi todos los países examinados por MONEYVAL y, en algunos casos, significativamente superiores. Tal es el caso de Estados como Liechtenstein, Polonia y Rusia entre otros, que no han alcanzado aun satisfactoriamente ni la mitad de los objetivos propuestos por el organismo evaluador.

También hay que resaltar que todos estos países llevan entre diez y quince años de trabajo con MONEYVAL y, por lo tanto, han tenido durante más de una década el asesoramiento necesario como para mejorar sus índices. La Santa Sede está participando por primera vez de este proceso, de modo que los resultados obtenidos hasta el momento, más que dar motivo a especulaciones delincuenciales, nos permiten rechazar con fundamento el mito de un Estado Vaticano que descuella entre los países por una presunta corrupción o una imaginaria situación de paraíso fiscal.

Conclusión. La reciente firma del acuerdo de cooperación con el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) se inserta así en una línea coherente de ordenamiento y transparencia que la Santa Sede viene reforzando desde hace varios años, como parte de su compromiso para erradicar un flagelo que afecta a todos los países y entidades financiaras del mundo. Vaya, entonces, esta breve nota como aporte para la desmitificación de escándalos financieros inauditos, y para ayudar al lector responsable a conectar más verosímilmente su imaginación con la verdadera situación actual.

[1] En la Santa Sede existen dos entidades financieras: el Instituto para las Obras de la Religión (IOR) y la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA). El IOR es la más importante de esas instituciones. Ambas instituciones son controladas por la Santa Sede.

[2] En diciembre de 2010 fue promulgada la Ley de la Ciudad del Vaticano número CXXVII acerca de la prevención y el control del lavado de dinero resultante de actividades criminales y el financiamiento del terrorismo. Ese mismo mes, el Papa Benedicto XVI por medio de un Motu Proprio la Autoridad de Información Financiara (FIA), como la unidad de inteligencia financiera de la Santa Sede, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley anterior. La FIA también está capacitada para emitir estadísticas e informes. El MONEYVAL revisó rápidamente esta ley y, como resultado de esta revisión, la misma fue modificada y reemplazada por el Decreto N° CLIX (159) del 25 de enero de 2012. En lo referido a la ley penal, la Santa Sede depende del Código Penal Italiano de 1889 y el Código Italiano de Procedimientos Penales de 1913. Sin embargo, la legislación propia de la Santa Sede sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo ha introducido algunas modificaciones sobre lo dispuesto en el Código Penal Italiano, a fin de alinearse con la legislación internacional.

[3] Son, además de la Santa Sede, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Georgia, Hungría, Israel, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Polonia, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Macedonia y Ucrania.

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