La comunidad reclama urgente ayuda contra las drogas

27/03/2013

Intensa actividad desarrollaron en Orán y Tartagal los legisladores nacionales y provinciales interesados en tomar contacto con diversos sectores de la comunidad, para recibir en forma directa información e inquietudes acerca del problema del narcotráfico, las adicciones y la inseguridad en la frontera norte.

En ambas ciudades hubo reuniones, calificadas por los legisladores como muy positivas, ya que pudieron obtener un panorama de la realidad que viven diariamente las familias afectadas por la drogadicción y la inseguridad que provocan quienes comercializan la droga.

Uno de los testimonios más elocuentes lo dio una representante del grupo de las Madres del Dolor en Orán, quien sollozando pidió ayuda.

“No nos importa de qué partido político son, queremos que nos ayuden, porque ya no hay vida para nuestros hijos, todo el barrio está contaminado con la droga, que pasa por la frontera como se pasa un bagayo. Ya no sabemos qué hacer, denunciamos a los que venden la droga pero todo queda en nada; las madres somos amenazadas; los chicos se están muriendo, se están matando entre ellos, todos los días hay riñas en las calles por culpa de la droga y no tenemos respuesta. Mi solución es tener a mi hijo de 17 años encadenado, ya no puedo más. En el barrio no podemos salir, nos asaltan, nos agreden, no hay seguridad, la policía no tiene medios para patrullar, salen de a dos, a pie y son atacados por los que venden la droga, ya no podemos más, por favor, hagan algo”. El diputado nacional Bernardo Biella se reunió en privado con alrededor de 15 mujeres de este grupo.

Un vecino del barrio Libertad clamó que se tomen medidas urgentes. “Si no nos ayudan a parar esto, dentro de cinco años los barrios de Orán van a ser favelas; acá se está cocinando la droga. Ha llegado el momento de preparar una policía especializada en el combate al narcotráfico y si no se generan fuentes de trabajo no tenemos futuro”.

El diputado nacional Ricardo Alfonsín criticó la indiferencia del Gobierno nacional ante el problema del narcotráfico y la inseguridad y dijo que “vamos a exigir mayor compromiso al Poder Ejecutivo, porque no faltan recursos, falta compromiso para combatir este flagelo social”.

El senador nacional José Cano afirmó que la agenda de la Presidenta en materia de seguridad sólo contempla Buenos Aires, porque es el distrito electoral más importante del país. “Si privilegia lo electoral; no hay una política para combatir el delito y la violencia asociados al narcotráfico; se anunció con estridencia la implementación del operativo Escudo Norte, prometiendo aviones inteligentes, radares, pero todo quedó en discurso. En vez de fortalecer el control en las fronteras desplazó seis mil gendarmes al conurbano bonaerense y 2500 gendarmes y prefectos a la ciudad de Buenos Aires”, dijo.

Los vecinos de Orán expresaron en forma unánime, igual que en Tartagal, la urgente necesidad de implementar centros de rehabilitación para adictos crónicos. “El adicto es una persona enferma, hay que desintoxicarla y contenerla”, expresaron y coincidieron con expresiones del diputado nacional Mario Fiad, en el sentido de que “hay que sacar al adicto de la esfera de la criminalidad para tratarlo en la esfera de la salud”.

Por su parte, el diputado nacional Miguel Giubergia expresó que “el combate del narcotráfico y la prevención de las adicciones deben ser políticas de estado y cuando se plantea el problema no se lo debe considerar como una cuestión de oposición política; el narcotráfico está cooptando a las fuerzas de seguridad y hasta a los mismos partidos políticos”.

El problema de la inseguridad se manifiesta también en la falta de control a la venta de armas. “En el barrio se venden armas como mercadería, hacemos las denuncias pero la Secretaría de Seguridad no responde”, aseguró un vecino del barrio Libertad, agregando que “están secuestrando adolescentes y no tenemos cómo defendernos”. Otro vecino comentó que en el barrio 11 de Setiembre están ocurriendo numerosos suicidios de adolescentes afectados por las drogas. “Socialmente, Orán está hecho bolsa, tenemos más de 20 mil adictos y un centro para atenderlos con cinco camas”, manifestó. Otro denunció connivencia política y contó que “se han encontrado 110 kilos de droga en la playa de camiones de la Municipalidad, pero no se hace nada”.

Los legisladores mantuvieron reuniones con el fiscal federal José Luis Bruno, el juez federal Raúl Reynoso y con autoridades de Gendarmería Nacional en la sede del Escuadrón 20 de Orán.

Entre las diversas cuestiones que dificultan una acción eficaz en el control del narcotráfico, cabe decir que en Orán existe un edificio destinado a Policía Federal, pero no funciona como tal y se encuentra cerrado. Algo similar ocurre en Tartagal, donde se ha creado un juzgado federal pero aún no se han designado los jueces.

Hasta Tartagal llegó el presidente de la Fundación Vida, con sede en el barrio Santa Cecilia, de la capital, quien solicitó que se realice en Salta una reunión de este tipo “para que todo el tejido social se pueda expresar” y comentó que es alarmante el número de adolescentes que se suicidan en los barrios de la zona sudeste capitalina. “Mientras haya mentira, encubrimiento, corrupción, la droga tendrá zona liberada, y nos dicen que están trabajando”, expresó.

Varios oradores, entre ellos concejales de municipios vecinos, representantes de ONG, docentes y trabajadores sociales manifestaron la impotencia que sienten ante el avance de la droga, la falta de controles en la frontera, la falta de medios y de infraestructura social y deportiva. “Tenemos las manos atadas, lamento que en esta reunión no estén todos nuestros representantes, que sé que han sido invitados. Esto no es un problema de partidos políticos, nuestros chicos se están matando ante la indiferencia y la falta de acción de las autoridades; esto nos afecta a todos por igual”, dijo la representante de una ONG de Tartagal.

Otra expresó que “se ha desmembrado a la familia con los comedores; necesitamos que se cambien las leyes para que haya trabajo genuino y para que se castigue a los que destruyen a nuestra sociedad”. El párroco de San Ramón Nonato dijo que “las generaciones futuras nos juzgarán por lo que no hagamos ahora”.

El diputado nacional Bernardo Biella, secretario de la comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico, agradeció a todos los que tomaron la palabra por “la valentía que tuvieron para hablar y contar todo lo que han contado, que nos servirá de mucho para proponer soluciones”.

En las actividades tomaron parte también los diputados provinciales Virginia Cornejo (PPS Capital); Mario Ábalos (PPS Cerrillos), Virginia Diéguez (BIR Chicoana); Marcelo Bernard (FRF Orán) y Darío Valenzuela (RS San Martín).

Prensa PPS

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