Escudero sobre YPF: “hay que respetar las leyes para que no sea una confiscación”

Reclamó que se expropien también las acciones del Grupo Petersen y que se investigue a los funcionarios nacionales responsables del vaciamiento de la principal petrolera argentina. También, pidió que en 6 meses se envíe al Congreso una nueva ley de hidrocarburos y un proyecto energético a mediano y largo plazo.

La senadora nacional Sonia Escudero (Salta) ratificó su decisión de acompañar en general el proyecto de expropiación del 51% de las acciones de YPF, pero deslizó fuertes críticas a la gestión K en materia de hidrocarburos y pidió varias modificaciones al texto impulsado por el kirchnerismo. “El hecho que el Estado nacional vuelva a tomar el control de YPF me parece importante, pero debe hacerse en el marco de la Constitución Nacional para que esto no se convierta en una confiscación”, reclamó.

“Celebro la decisión del gobierno de cambiar 180 grados la política energética y que después de 9 años se reconozca que los recursos hidrocarburíferos son estratégicos para el desarrollo del país y que se valore la importancia del autoabastecimiento –un concepto que hasta hace poco no parecía interesarle al Poder Ejecutivo-, pero la expropiación debe alcanzar también las acciones en manos del Grupo Petersen que fueron co-responsables del vaciamiento y endeudamiento de YPF de los últimos años”, sostuvo la legisladora.

“El hecho de que el Estado nacional vuelva a tomar el control de YPF me parece importante pero debe hacerse garantizando la igualdad y el derecho de propiedad consagrados en nuestra Constitución. En consecuencia, la expropiación debería alcanzar a los dos grupos responsables del vaciamiento y endeudamiento de la empresa en forma proporcional a sus acreencias, es decir correspondería expropiar 35,33% de acciones a Repsol, y 15,67% de acciones al Grupo Petersen”, indicó.

“Para respetar el derecho de propiedad el Ejecutivo debe realizar una oferta por el valor de las acciones expropiadas en forma rápida y oportuna para que quede claro que aquí no estamos confiscando, sino que se está tomando una decisión en el marco de las leyes vigentes”, agregó la senadora salteña.

“La verdad es que el vaciamiento de YPF y el gran endeudamiento se precipitaron con el ingreso del Grupo Petersen. Por el convenio firmado en 2008 se comprometieron a distribuir dividendos por 90% de las utilidades. Antes de Repsol se distribuían dividendos por un 43%, con el ingreso de Repsol se repartieron por un promedio de 70%. Desde el ingreso de los Eskenazi el porcentaje de distribución de utilidades creció al 130%. ¿Cómo se hace para distribuir por encima de las utilidades? Vaciando la empresa y endeudándose. La deuda de YPF se multiplicó 13 veces en los últimos cuatro años. Pasó de menos de $1.000 millones al 31 de diciembre de 2007, a casi $13.000 millones al 31 de diciembre de 2011. Una expansión del 1200%”, detalló la senadora salteña.

“El vaciamiento no es responsabilidad sólo de Repsol, porque el grupo Eskenazi no sólo estaba en el directorio de la empresa sino que estaba a cargo de la dirección. Sino vean en la página en la propia página de Internet del Grupo Petersen: “El Grupo recupera para el país a su empresa más emblemática, símbolo ineludiblemente ligado a la historia y desarrollo nacional, cuya dirección ejecutiva pasa íntegramente a manos argentinas, siendo encabezada por Sebastián Eskenazi”.

“¿Por qué tomar esta decisión ahora? Porque perdimos los dos pilares de la macroeconomía del gobierno kirchnerista: el superavit fiscal y el comercial. El año pasado tuvimos un déficit comercial en combustibles que alcanzó los US$ 3.000 millones, y este año podría llegar a los US$ 5.000 millones”, explicó la legisladora.

“Este discurso nacional de recuperación de las decisiones soberanas lo vivimos en el año 2004 cuando aprobamos la creación de Enarsa que terminó siendo una empresa que no exploró sino que se dedicó a importar gas a precios caros, en forma poco transparente y sin control. Por eso genera un poco de escepticismo en la población ver que avanzamos con el control de YPF pero con los mismos actores de esta política que nos ha llevado a esta situación de desabastecimiento de combustibles”, agregó durante su intervención.

“Los salteños sabemos de desabastecimiento de combustibles. Conocemos el drama que implica poner unos pocos litros de nafta o gasoil en sus automóviles. También me tocó acompañar a los ciudadanos del norte de mi provincia sumidos en la pobreza y el desempleo generados por la privatización de YPF. En este Congreso trabajé muchos años por el reclamo, reconocimiento y pago de la propiedad participada a todos los ex trabajadores de YPF”.

Reclamo de una nueva ley de hidrocarburos y un plan a largo plazo. Pedido de investigación a los funcionarios responsables

La senadora Escudero planteó, entre otros cambios, que el Consejo Federal que se propone crear –donde tendrán participación las provincias- elabore y remita al Congreso en un plazo de 180 días una nueva ley de hidrocarburos y un plan de inversiones de mediano y largo plazo”. Además, pidió que la Auditoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal “investiguen si hubo comisión de delitos por parte de los representantes del Estado en el directorio de la empresa o incumplimiento de los deberes de funcionario público de quiénes tuvieron a su cargo la política energética nacional”.

Reparto de acciones entre Nación y provincias. Seguridad jurídica e inversiones. Protección de los recursos naturales

“No queda claro aún cómo será el reparto entre la Nación y las provincias. Se lo pregunté al viceministro de economía y no supo responder. Seguimos sin saber cuántas acciones va a recibir cada provincia y cómo pagarán por ellas; o si tendrán que ceder regalías o yacimientos. Tampoco se conoce cómo se van a designar los Directores que representan a las provincias, ni cómo se van a decidir las inversiones. Nada de esto está decidido aún, advirtió Escudero.

Finalmente la senadora se refirió a la seguridad jurídica. “Para que vengan las inversiones que se necesitan para alcanzar el autoabastecimiento energético es necesario dar certezas. Si no tenemos un marco legal integral que establezca claramente derechos y obligaciones para que las empresas vengan a invertir, si no definimos sin ambigüedades el rol del Estado nacional y de las provincias seguiremos abonando el camino para que se tomen decisiones de coyuntura en un área que necesita de planificación y de políticas de mediano y largo plazo”.

Por último, advirtió la necesidad de proteger y defender los recursos naturales y energéticos del país y de la región. “Las guerras en las últimas décadas ya no son por cuestiones ideológicas sino por el apoderamiento de los recursos naturales. Es un tema que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos decisiones en materia de recursos energéticos, porque en la Unión Europea están empezando a decir que los recursos son globales y para garantizar su seguridad energética se interesan por la estabilidad política de los países de los que toman sus recursos, que es una forma sutil de intervención”.

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