Cachi: Audiencia por Las Pailas

23/01/2014

El juez de Garantías de Primera Nominación en feria, Héctor Martínez, convocó a una audiencia en la causa que se tramita por los incidentes producidos en Cachi el fin de semana último. El magistrado también dispuso, a pedido de la fiscal penal 4, la libertad inmediata de las personas que permanecían detenidas.

La audiencia que se celebrará hoy desde las 11 en Ciudad Judicial fue convocada en el marco de la causa contra miembros de una comunidad originaria denominada “Las Pailas” por “lesiones, amenazas en concurso ideal con resistencia a la autoridad y daños”.

A principios de mes se había ordenado en otro expediente la prohibición de ingresar a un inmueble denominado “Finca San Miguel”. En dicho lugar se pretendió instalar el fin de semana último un portón lo que generó la reacción de quienes traspondrían los límites del inmueble a zonas de cultivos.

Esto generó una singular conflictividad que llevó a la fiscal penal 4 a requerir la convocatoria de una audiencia con la participación de las partes con sus representantes legales y los organismos nacionales y provinciales pertinentes con interés en dicha situación con la finalidad de intentar un acuerdo transitorio mientras la cuestión de fondo es dilucidada por las vías legales pero de manera pacífica.

El juez dispuso que de la audiencia de hoy participen los representantes legales de la comunidad denominada “Las Pailas” correspondiente al grupo poblacional en conflicto en la finca “San Miguel” de la localidad de Cachi; Carlos Alberto Robles quien se consigna propietario de dicha finca junto a sus patrocinantes; el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Salta; el Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta; el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; representantes del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas; la fiscal penal interviniente y la Asesora de Incapaces en feria.

El juez dispuso además ordenar una consigna policial fija en la zona de conflicto dentro de la “Finca San Miguel” y la prohibición de innovar en la zona hasta tanto se celebre la audiencia. Hasta entonces la tranquera que desató el último conflicto deberá permanecer sin cerrojo y abierta, lo que ya fue notificado a Robles y sus dependientes.

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