Tartagal: detienen a una médica por practicar una interrupción legal del embarazo (ILE)

El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal actuante, y ordenó la detención de M. R., que se desempeña como médica en el hospital de esa ciudad.

La mujer fue recibida esta mañana por el juez para controlar la legalidad de su detención, y luego fue conducida a la fiscalía interviniente, donde se llevó adelante la audiencia de imputación.

Al respecto el INADI expresó su preocupación a través del siguiente comunicado:

"A través de la delegación provincial en Salta, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) manifiesta su preocupación y repudio por la detención de una médica que garantizó una Interrupción Legal del Embarazo en el marco de la Ley 27.610.

Queremos resaltar que la profesional ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la Historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE.

Sin embargo, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Hector Mariscal Astigueta la detención de la médica del Hospital Juan Domingo Perón de esa ciudad.

Este es un caso más en el que se persigue a quienes quieren hacer cumplir la ley de ILE ya que, a raíz de esta detención, Tartagal se queda sin médicos que no sean objetores de conciencia, obstaculizando así el derecho de las personas gestantes del lugar a disponer de sus propios cuerpos.

Estas prácticas discriminatorias afectan los derechos de las mujeres y personas gestantes y pretenden infundir temor en el resto de los profesionales de la salud que garantizan que los mismos sean cumplidos.

Desde el INADI manifestamos nuestro repudio a este accionar discriminatorio y ponemos a disposición nuestros servicios para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ampliamente discutida en el Congreso e impulsada por la sociedad desde la calle."

fuente: Justicia Salta e INADI

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