Otro fallo de la cámara de acusación obliga a Romero a prestarse a una indagatoria

A días de iniciar su camino para renovar su banca en el Senado de la Nación, la Sala II de la Cámara de Acusación resolvió revocar un decreto que impedía la indagatoria del ex gobernador Juan Carlos Romero, por el delito de fraude a la administración pública.

De esta manera, el ex gobernador quedó obligado a dar respuesta a las acusaciones en su contra, pero en calidad de imputado.
Llamó la atención de que este duro revés haya venido del Poder Judicial, cuando en sus últimas declaraciones públicas el senador nacional acusó a la Procuración General de la Provincia de una supuesta maniobra tendiente a impedir se regreso al Congreso.

Sin cambiar su estrategia defensiva, consistente en eludir cualquier oportunidad de dar explicaciones sobre el incremento patrimonial de su familia durante el tiempo en que gobernó la provincia, Romero acusó al procurador, Pablo López Viñals de perseguirlo para evitar su vuelta a la contienda política.

En sus recientes declaraciones, Romero se presentó como víctima de un aparato, por lo que no se entiende por qué, y a dos años de las denuncias en su contra, no se ha podido siquiera indagarlo.

El 15 de marzo pasado, una nueva sala de la Cámara de Acusación se sumó a la postura de revocar el encuadre de "información sumaria" que favoreció a Romero en los últimos dos años. Esta vez la decisión llegó de la Sala II, la que resolvió en favor de la fiscalía tal revocación.

Romero y David

La resolución se dictó en el marco de la causa iniciada en contra del ex gobernador y el actual diputado provincial, Javier David, por el delito de "fraude a la administración pública", hecho denunciado el 28 de noviembre de 2010 por el diputado del Partido Obrero Claudio del Pla.

El legislador acusó a ambos de estar detrás de la compra y venta de tierras que tras ser compradas fueron vendidas al Estado provincial en sumas exhorbitantes. En el caso de Cerrillos, el 22 de mayo de 2006 se compró terrenos a $ 80.000 y luego se los vendió en más de dos millones de pesos.

Por este hecho, la fiscal penal 3, Emma Puente, promovió acción penal contra Romero y David por fraude, causa que quedó en manos del juez penal 1, Martín Pérez, quien al igual que otros colegas, decidió amparar al senador bajo la figura de la "información sumaria" y así evitarle al hombre que lo propuso en su cargo de juez la molestia de presentarse a prestar declaración indagatoria.

Ante esta situación, la fiscal apeló y al tratar el caso la Sala II resolvió, en consonancia con la Sala I, revocar ese decreto y disponer que Romero sea citado a prestar declaración indagatoria siguiendo lo previsto por la Ley Nacional de Fueros, establecido para regir a los legisladores de la Nación.

El interrogante ahora gira en torno a cuál será la explicación que dará Romero, puesto que esta vez y desde el año pasado son los propios jueces los que comenzaron a fallarle en contra.

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