El megajuicio por delitos de lesa humanidad durará mas de un año en nuestra provincia

El megajuicio oral y público que por 18 causas de crímenes de lesa humanidad, con 34 víctimas y 18 imputados, comenzó en mayo pasado en Salta y se extenderá por más de un año, ya que aún falta el testimonio de unos 60 testigos. A 37 años del último golpe de Estado, en Salta se lleva adelante uno de los juicios por delitos de lesa humanidad más importantes de la provincia, donde ya se definieron otros cuatro procesos por hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar.

En dos de esos juicios sentenciaron a los responsables de la denominada "Masacre de Palomitas", perpetrada el 6 de julio de 1976; el otro fue por el asesinado del escribano Aldo Melitón Bustos y el cuarto por la desaparición y homicidio del ex gobernador Miguel Ragone.

"Esta semana se reanudó el juicio después de una suspensión provocada por el estado de salud de uno de los imputados, que aún sigue convaleciente", expresó a Télam la abogada Tania Kiríaco, nombrada por la Universidad Nacional de Salta (UNSA) para su representación como querella en este juicio. Según estimó la letrada, el juicio, que comenzó el 21 de mayo pasado, "no terminará antes de cumplir un año, teniendo en cuenta que falta el testimonio de aproximadamente 60 testigos y que solamente se realiza los días lunes y martes".

Las causas analizadas en este juicio ascienden a 18, con 20 imputados, dos de los cuales fallecieron en agosto y diciembre pasados, y 34 víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. El juicio es seguido por teleconferencia desde la ciudad santafesina de Rosario por el imputado Víctor Modesto Mendíaz, y desde Buenos Aires lo hacen Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall. También, están imputados Joaquín Guill, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Juan Manuel Ovalle y Ubaldo Tomislav Vujovich Villa. A ellos se suman Ricardo Benjamín de la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto, Joaquín Cornejo Alemán -que es el que se encuentra con problemas de salud que motivaron las últimas suspensiones del proceso- y Víctor Hugo Almirón.

Murúa falleció en agosto pasado, luego de acreditar días antes que se encontraba internado en un hospital salteño, con problemas de salud, mientras que Vujovich Villa murió en Tucumán, a principios de diciembre, en momentos en que se encontraba internado en un centro de cardiología de la vecina provincia.

La causa principal fue caratulada "Guill, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda". A esta causa se le acumulan otras 17, por 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de
Salta, institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio.

Entre las víctimas se destacan Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente auxiliar de la cátedra de Historia de la UNSA; Gemma Fernández, que era profesora de Antropología; y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas. A ellos se suman el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas
Francisca y Carmen Torres, de General Güemes; René Russo, de Orán; Carlos Mosca Alsina; Víctor Brizzi; Martín Miguel Cobos; Luis Risso Patrón, de Metán; Jorge Santillán; Reynaldo Isola; Luciano Jaime; Nolberto Guerrero; Felipe Burgos; y el médico Pedro Urueña.

Asimismo, entre las víctimas se incluyen cuatro jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario de Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia.
Télam

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