La Justicia suspendió las elecciones de ATSA

En un amparo iniciado por un grupo de afiliados patrocinados por el abogado Roque Rueda, el Camarista del Crimen Dr. Carlos Pucheta dictó una medida cautelar por la que se ordenó a la Junta Electoral de ATSA abstenerse de realizar las elecciones previstas para este lunes 22.

Los afiliados pidieron que se declare la inconstitucionalidad del nuevo estatuto de ATSA, por el que se elimina la Asamblea de Afiliados – órgano máximo de la entidad – y se la reemplaza por un Congreso de Delegados elegibles cada cuatro años con el resto de las autoridades.

Los actores indicaron que esa modificación es ilegal, por cuanto los Congresos de Delegados están previstos en la Ley de Asociaciones Sindicales para las federaciones o confederaciones, no para una asociación como ATSA Filial Salta, entidad de primer grado y de carácter local.

Eliminar la Asamblea, manifestaron, es apartar a los afiliados de la participación en la vida del sindicato, es decir, violar sus derechos más esenciales.

Indicaron, además, que el diseño del Congreso de Delegados se orienta a consagrar el poder absoluto del oficialismo sindical, y hacer imposible en la práctica la competencia electoral.

Todo aquel que pretenda participar debe presentar una lista de cerca de 90 delegados de otras tantas dependencias, algunas muy pequeñas y ubicadas en los más recónditos rincones de la provincia. Entre ellas, las Fundaciones Trabajo y Solidaridad y Madre Teresa de Calcuta, controladas por la dirigencia de ATSA.

De acuerdo al nuevo Estatuto, una vez en funciones el Congreso de Delegados tendrá obligatoriamente una mayoría oficialista del 80%. En caso de que ninguna lista llegue al 20%, el oficialismo se lleva el 100% de los congresales. Estos son quienes deben aprobar los balances, la memoria anual, y tomar las decisiones más importantes de la asociación, que antes estaban en manos de las asambleas, donde todos los afiliados sin excepción tenían voz y voto.

El nuevo estatuto fue aprobado en una asamblea que se convocó sin la antelación prevista por las normas. Tampoco se publicó nunca el nuevo texto. Los afiliados se enteraron de la necesidad de postular 89 delegados el mismo día de la convocatoria a elecciones, que también fue irregular por cuanto estipuló 10 días corridos para presentar listas, cuando las normas fijan 10 días hábiles.

Los actores comentaron que recurrieron al amparo porque, de consagrarse esta maniobra, el sindicato quedará convertido definitivamente en una pura estructura de poder de Abel Ramos, y los afiliados verán reducidos sus derechos a votar cada cuatro años por la lista oficial, que siempre será la única en condiciones de participar.

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