Comunidades indígenas salteñas en el Congreso por la reforma en el Código Civil y Comercial

En la tarde de ayer, la senadora Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) acompañó a representantes de comunidades indígenas de la provincia de Salta durante su exposición ante la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio del proyecto de reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

Félix Corimayo, representante de la comunidad indígena Lules Las Costas e integrante del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO); René Delgado de Santa Victoria Este; Simón Catuari de la comunidad Pueblo Nuevo de Tartagal; Oscar Lorenzo, de KM 6 de Tartagal; y Luis Marcelo Cuéllar de la Comunidad Ava Guaraní dejaron sentada su posición en relación con la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en el marco de una nueva audiencia celebrada en el Salón Azul del Senado de la Nación.

Asimismo entregaron al presidente de la comisión bicameral, el senador Marcelo Fuentes (Neuquén) un documento que plantea la necesidad de modificar algunos artículos para que la reforma “no signifique un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas”, según explicaron.

En ese sentido, el representante de la comunidad indígena Lules Las Costas, Félix Corimayo, reclamó que el nuevo Código Civil y Comercial “no se aparte de la Constitución Nacional, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con rango supralegal, y que respete las leyes específicas sancionadas en defensa de los derechos indígenas”.

Al respecto, la senadora Escudero viene planteando, desde los inicios del debate en el Congreso, que el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial “limita la propiedad comunitaria a la tierra rural cuando la realidad indica que las comunidades indígenas se han mudado a las ciudades en búsqueda de trabajo. El Código debe contemplar también la propiedad comunitaria en el ejido urbano, como ya se ha avanzado en la provincia de Salta”, indicó.

Asimismo la legisladora sostuvo que se debe revisar la definición de propiedad comunitaria indígena que se plantea como el “derecho sobre un inmueble destinado a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de las comunidades indígenas. Pareciera una limitación que no existe en la Constitución Nacional”, advirtió.

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