Remedios truchos: en Salta hallaron cajas con códigos irregulares
25/11/2009
El farmacéutico salteño Pedro Vommaro permanecerá detenido en Buenos Aires, en calidad de imputado, hasta tanto el juez federal Norberto Oyarbide resuelva sobre su situación, para lo cual dispone de un plazo legal de diez días hábiles a partir de su detención, producida el sábado pasado.
El socio gerente de la Droguería San Pablo se encuentra encausado en un expediente paralelo a la llamada “causa de la mafia de los medicamentos”, que adquirió resonancia a nivel nacional por sus connotaciones políticas y porque afecta a la provisión de remedios oncológicos para las obras sociales.
Las investigaciones corren por separado, informó ayer el comisario Néstor Roncaglia, jefe de la Unidad de Investigación del Delito. Esta unidad forma parte de la división de la Policía Federal afectada a la investigación del crimen organizado. “Se trata de delitos similares y, eventualmente, se pueden unificar en el futuro”, precisó, al dialogar con El Tribuno, el oficial que dirige la investigación.
Vommaro fue detenido porque Oyarbide consideró medianamente probados sus vínculos con quien es considerado el cabecilla de la organización investigada en esta causa paralela. Se trata del bioquímico Alejandro Martino, de la Droguería Del Plata, una de las más importantes del mercado en la distribución de medicamentos para patologías graves. Además de Martino y Vommaro son diez en total los detenidos en el marco de este expediente.
El comerciante salteño prestó declaración el lunes, pero no hubo información oficial sobre lo que dijo.
Medicamentos decomisados
La causa está caratulada como “asociación ilícita” y el delito que se les imputa es el que corresponde a los artículos 200 y 201 del Código Penal.
El artículo 200 castiga con reclusión o prisión de tres a diez años, al que “envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”. El artículo 201 extiende las penas “al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”. En ambos casos, si alguien muriera como secuela de la adulteración, la pena se agrava a entre 10 y 25 años.
Esta organización, considera el magistrado, comercializa medicamentos peligrosos para la sociedad. En algunos casos se trata de productos en mal estado, pero todos, incluso los que son aptos para consumo, tienen origen ilícito.
Durante el allanamiento realizado en la Droguería San Pablo, el 4 de noviembre, habían sido detectadas algunas cajas sin troquel y otras con troqueles presuntamente adulterados. El troquel es el código de barras que permite precisar el origen de los medicamentos. Es la garantía de la calidad y de la legitimidad de origen de los fármacos.
Oyarbide investiga si la adulteración detectada supone una intención de disimular el carácter nocivo o el origen ilícito de esos productos.
La procedencia ilícita puede surgir de adulteraciones o falsificaciones, alteraciones de las fechas de vencimiento o de robos cometidos por piratas del asfalto. Las cajas decomisadas en Salta fueron sometidas a pericia técnica en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
Entre los detenidos en esta causa paralela figuran varios profesionales, entre ellos un médico oncólogo y los propietarios de una droguería porteña especializada en medicamentos para enfermedades como sida y hemofilia.
El descargo de Vommaro
Pocos días después del allanamiento, Vommaro había declarado a la prensa que el procedimiento se debía a “la causa que se sigue en todo el país para la detección de medicamentos adulterados”, aunque en realidad, de acuerdo con lo informado por el comisario Roncaglia, se trata de una causa paralela.
El farmacéutico había negado que contara con mercaderías oncológicas y aseguró que “no fue llevado ningún tipo de medicamentos” de los ordenados por Oyarbide, aunque admitió que sólo decomisaron “18 ampollas vendidas por los laboratorios a Droguería San Pablo”.
Vommaro había asegurado que dispone de las facturas y remitos de todas las compras y que sus proveedores son laboratorios y droguerías habilitados por ANMAT.
San Pablo es proveedor del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Provincial de la Salud, cuyas farmacias fueron allanadas antes de la detención de Vommaro. Sobre la vinculación de estos operativos no hubo información oficial.
La causa principal
En la causa madre de la mafia de los medicamentos fueron imputados, entre otros, el titular de la obra social y el sindicato de los bancarios, Juan José Zanola; su mujer, Paula Aballay, y el dueño de la Droguería San Javier, Néstor Lorenzo, proveedor de obras sociales. Además de la obra social de los bancarios, en el expediente se investigan a otras 50, como la de los camioneros, la de prensa, la de los mecánicos (SMATA) y la de los docentes (OSPLAD).
La causa que investiga Oyarbide surgió tras denuncias efectuadas en 2007 por pacientes y médicos del Policlínico Bancario, a quienes les llamó la atención que los medicamentos oncológicos que prescribían no tenían el efecto deseado.
La investigación tomó impulso con la detención de Lorenzo, luego liberado, dueño de la Droguería San Javier, a quien se le descubrió, a través de documentación y de escuchas telefónicas, su relación comercial con el sindicato de los bancarios.
¿Hay una “conexión Salta”?
Ayer se conocieron nuevos datos sobre las actuaciones en Salta acerca de la “mafia de los remedios”. Esta causa estaría ligada también a la de la “mafia de la efedrina”. El juez Oyarbide estaría tratando de hallar una conexión entre ambas. Recordemos que la causa de la efedrina nace luego del triple crimen de General Rodríguez, donde asesinaron a los empresarios Forza, Ferrón y Bina.
El Tribuno, en su edición del 25 de octubre de 2008, dio cuenta de que uno de los involucrados en el hecho, José Luis Salerno, estuvo prófugo de la Justicia en esta provincia. ¿Será pura casualidad?
Fte El Tribuno
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