Piden perpetua para los imputados del séptimo juicio por delitos de Lesa Humanidad

Los representantes del Ministerio Público solicitaron ayer la pena de prisión perpetua para cuatro de los seis imputados del séptimo juicio que por delitos de lesa humanidad se desarrolla en Salta, con 18 víctimas, entre las que se encuentra el ex gobernador Miguel Ragone.

Los alegatos del fiscal Francisco Snopek y el ad hoc Juan Manuel Sivila comenzaron el lunes y, tras más de seis horas de exposición, con un cuarto intermedio que pasó la audiencia para la jornada de ayer, solicitaron en primer lugar “la declaración de los hechos del presente debate como delitos de lesa humanidad”.

Se trata del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Salta, a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF), integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi.

Los imputados en este juicio, que comenzó el 2 de diciembre y por el que pasaron 77 testigos, son seis: el ex encargado del área de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil; y los militares retirados Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, además los comisarios retirados Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro, acusados en la causa Ragone II.

Snopek pidió que se condene a Gentil, Mendíaz, Guil y Saravia a la pena de prisión perpetua, e inhabilitación absoluta y perpetua.

En los tres primeros casos, los fiscales consideraron a los imputados coautores mediatos de homicidio agravado por alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas.
En tanto, a Gentil lo acusaron además de imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad y allanamiento ilegal de domicilio, mientras que a Mendíaz también le imputaron el delito de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas.
Por su parte, Guil también fue acusado de imposición de tormentos, y privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia.

A Saravia lo consideraron partícipe primario de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Ragone; y de homicidio agravado por alevosía con el propósito de ocultar la comisión de otro delito, asegurar su resultado y lograr su impunidad, por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Santiago Arredes, y en grado de tentativa en perjuicio de Margarita Martínez de Leal.

Finalmente, para Guaymás y Liendro solicitaron la pena de dos años de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación, por considerarlos autores de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Los alegatos de los fiscales concluyeron con la solicitud de revocatoria de las excarcelaciones y prisiones domiciliarias otorgadas, y que se alojen a los imputados Gentil, Mendíaz y Guil en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

De las 18 víctimas de este proceso, cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de crímenes represivos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.
Las víctimas fueron Carlos César Martínez, Ramón Díaz Romero, Esteban Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, Lucrecia Barquet, Hugo Maza, Ragone, Arredes, Martínez de Leal, Rubén Yañez Velarde, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui, y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez.

Este debate analiza un total de diez expedientes de los doce inicialmente previstos, debido a que uno de los represores acusados, el ex jefe del Ejército en Salta durante la última dictadura, Carlos Mulhall, falleció el 24 de noviembre pasado, a los 84 años.

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