El juez Pastrana comenzó a investigar la compra-venta de 90 hectáreas en La Ciénaga
21/10/2010
El juez Pastrana ha comenzado a trabajar la causa en la que la fiscal María Inés Loyola, pidió la promoción de acción penal, contra un grupo de funcionarios y familiares de Romero. Anteriormente, ya lo habia hecho contra tres escribanos que actuaron en las diferentes etapas de la operación inmobiliaria, donde aparece como favorecida una empresa allegada a Romero.
Una cuestión de incompetencia anterior de Pastrana ha quedado superada una vez que el magistrado no insistió en su pedido original y que llevó a que su colega Pablo Arancibia le retornara la causa. Se estimaba que la situación debía ser zanjada por la Corte de Justicia, una cuestión que ahora ha quedado resuelta.
Una vez que Pastrana se haya munido de decretos, cédulas parcelarias y otros documentos originales, deberá comenzar con la s declaraciones informativas a los imputados, El único de ellos que cuenta con fueros parlamentarios es el senador Juan Carlos Romero, mientras que los restantes deberán concurrir si el magistrado los cita.
La fiscal Loyola promovió el viernes pasado acción penal contra el ex gobernador, su hijo Juan Esteban Romero y los ex funcionarios del gobierno anterior, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira y Lucas Amado en la causa que investiga la Justicia por la compra y venta de 90 hectáreas en La Ciénaga.
También le imputa al ex gobernador la condición de autor mediato en razón de que se valió de un conjunto de sujetos que actuaron como instrumentos suyos para lograr desplazar un bien del patrimonio del Estado hacia el de su familiar directo, “un bien del cual el ex gobernador sabía que iba a adquirir mayor valor, porque tenía conocimiento que se iba a realizar la obra de la avenida de Circunvalación Oeste”.
Menciona cada una de las operaciones en las que intervinieron Rubén Fortuny como interventor del IPDUV, Carlos Abeleira como secretario de Ingresos Públicos, Lucas Amado como Director de Inmuebles, la ingeniera agrimensora Carmen Moreno, la entonces escribana de Gobierno Laura Inés Wayar, la escribana María Cecilia Pérez de la Fuente. La fiscal ya había imputado al escribano Victor Manuel Brizuela.
(Nuevo Diario)
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