El abogado de Romero asegura que el senador nacional es víctima de una persecución política

El abogado Oscar Pedro Guillén, que representa al senador nacional Juan Carlos Romero, calificó ayer como “una persecución política y judicial inadmisible” la decisión del juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta, Diego Rodríguez Pipino, de hacer lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la Fiscalía.

“Este accionar de la Fiscalía y del juez, ambos recientemente designados, sigue claramente el plan del gobierno provincial, y sienta otro grave precedente institucional para la provincia”, expresó el letrado a través de un comunicado difundido hoy.
Guillén señaló que “es evidente que quieren acallar las voces de los que piensan distinto, como ocurre con los opositores en Venezuela”, tras lo que agregó que “no es casual que ocurra cuatro días después de las elecciones generales".

El letrado añadió que "es una de las tantas prácticas funestas del kirchnerismo, que afortunadamente los argentinos abandonaremos en poco tiempo”.

El juez de Garantías de Cuarta Nominación de Salta hizo lugar a la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la fiscalía en la causa "Romero, Juan Carlos, por enriquecimiento ilícito de funcionario público".
Por ello, serán embargadas dos propiedades de las compañías Jucaro SA y Loma Balcón SA, en las que el imputado tiene participación societaria, según quedó acreditado en el legajo de investigación con copias de sus mismas declaraciones juradas.

El pedido fue realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que oportunamente señaló que se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito.

Según Guillén, el senador viene compareciendo a derecho y declarando por escrito como lo puede hacer cualquier persona en cada uno de los llamados que le hizo la Justicia, tal como se lo permite la ley vigente y como consta en su página web.
“Nunca tuvo una postura reticente, sólo que no se prestará a ningún show mediático como el que pretende el gobierno provincial”, afirmó Guillén.

El juez Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido fiscal y solicitó en abril pasado el desafuero del senador nacional, y ordenó librar los oficios correspondientes al Senado de la Nación, según el artículo 1 de la Ley 25320, por la "actitud evasiva" de Romero, que no se presentó a declarar en tres citaciones de la fiscalía que entiende en la causa.

La causa por enriquecimiento ilícito, que comenzó en diciembre, se reactivó recién tras la feria, cuando Rodríguez Pipino rechazó la recusación de Romero a la fiscal penal Mónica Poma y un planteo de nulidad de la imputación.

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