Quieren prohibir la instalación de antenas de celulares a menos de 500 metros de las viviendas

Se trata de una iniciativa que presentó la senadora nacional Sonia Escudero en la cámara alta. Precisamente los riesgos para la salud de la población que producen las antenas de telefonía celular fue el eje de una jornada de debate que la legisladora organizó en ProCultura.

Durante el encuentro, vecinos de General Güemes, El Carril y Campo Quijano brindaron testimonio sobre su lucha para lograr la reubicación de las antenas de telefonía en esas localidades. “En General Güemes desde el año 2010 venimos luchando porque la reubicación de las antenas de telefonía celular que se instalaron en el centro”, detalló Nora Palacio quien agregó que “desde entonces fallecieron 51 personas por distintos tipos de cáncer y, pese a las 6 marchas y demás reclamos, hasta el día de hoy no logramos que se modifique la situación”.

Marcela Torres, oriunda de Campo Quijano afirmó que "hace 6 años instalaron una antena de telefonía celular sin contar con la documentación necesaria y que pese a los pedidos a las autoridades comunales no se logró la reubicación de la misma".

Por su parte, el vecino de El Carril, Luis Rojas, relató que luego de la instalación de telefonía móvil, "aparecieron varios casos de parálisis faciales y algunos de cáncer”, para luego agregar que a su hija de 19 años debieron extirparle un tumor en la cabeza y por esa razón decidieron mudarse.

A su turno la diputada provincial Virginia Dieguez recordó que, tras tomar conocimiento de lo que ocurría en General Güemes, trabajó en un proyecto de ley basándose en argumentos médicos, legales y técnicos pero que lamentablemente no logró dictamen. “Principalmente basé mi proyecto en el principio precautorio de la ley provincial de medio ambiente, el cual estipula que ante un posible daño ambiental o a la salud deben adoptarse medidas precautorias”, resaltó la legisladora renovadora.

Asimismo, el Ingeniero Electrónico y Magister en Sistemas de Telecomunicación, José Benjamín Bravo, -quien durante 19 años trabajó como consultor de empresas de telefonía-, explicó que luego de descubrir el año pasado que tenía un linfoma no operable cerca del oído derecho (por lo que recibió 6 sesiones de quimioterapia) comenzó a estudiar el impacto de las radiaciones radiotelefónicas en la salud de las personas. "Ni las empresas ni sus empleados conocen la magnitud de las radiaciones, aunque conocen algunas de sus consecuencias. La raza humana esta inmersa en un experimento global, cuyo resultado no conocemos”, aseguró.

Bravo sostuvo, además, que "el cuerpo humano no está preparado para recibir el nivel de radiación de radiofrecuencia al que se lo expone actualmente y sus efectos biológicos son diversos, afectando más a los niños que son más permeables”.

Finalmente la senadora Sonia Escudero manifestó que "los permisos para la instalación de las antenas es competencia de los municipios y es por ello que se necesitan ordenanzas que regulen la actividad y resguarden la salud de los vecinos". En ese sentido, aseguró además que: "la legislación nacional indica que no se puede instalar antena alguna sin antes realizar un informe de impacto ambiental y una audiencia pública”.

“Cuantas muertes más tienen que suceder para empezar a tomar medidas?" -cuestionó Escudero- "tenemos que empezar ya a discutir como protegemos a la población y en especial a los niños, y por ello presenté recientemente un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la instalación de antenas de telefonía celular", explicó.

Distancia mínima de 500 metros

La iniciativa presentada por Escudero prohíbe la instalación de antenas de telefonía celular "a menos de 500 metros de viviendas y de establecimientos educativos, residencias para ancianos, clubes, centros de salud y cualquier otro ámbito de concurrencia masiva de público".

"Esta distancia mínima se adopta teniendo en cuenta el criterio adoptado por la Unión Europea en el año 2003", justificó la legisladora nacional.

El proyecto incluye importantes multas para las empresas que incumplan la ley, y también para los funcionarios que no controlen e incumplan con la norma "a quienes se aplicará una multa de 20 a 30 veces su remuneración mensual", y hasta la destitución del cargo.

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