Caso tierras: Fiscal acusa a Romero y a su hijo por la maniobra de La Ciénaga

Para la Fiscal penal María Inés Loyola, el ex gobernador Juan Carlos Romero se valió de un grupo de personas que cooperaron con su intervención en el propósito de desplazar un inmueble de patrimonio del estado provincial, hacia su hijo Juan Esteban Romero, por lo que le imputó al ex mandatario la condición de autor mediato en el delito de peculado.

La Fiscal Loyola promovió el viernes pasado acción penal contra el ex gobernador, su hijo Juan Esteban Romero y los ex funcionarios del gobierno anterior, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira y Lucas Amado en la causa que investiga la Justicia por la compra y venta de 90 hectáreas en La Ciénaga.

La denuncia inicial presentada ante el Poder Judicial por el diputado provincial Carlos Morello del Movimiento Libres del Sur, ha generado un verdadero escándalo público, ya que las tierras inicialmente compradas por el Estado con destino a familias de escasos recursos inscriptas en el programa Familia Propietaria, expresamente creado con la finalidad de asegurar a cada habitante un lugar digno para asentar su familia, terminaron en poder de la empresa "Estancia El Carmen", cuyo presidente es el hijo del ex gobernador, Juan Esteban Romero.

Apoyándose en la teoría de la autoría mediata, la fiscal Loyola aportó primero al Juez de Instrucción Formal de Cuarta Nominación Antonio Germán Pastrana un informe del Juzgado de Minas en lo Comercial, del que surge que el presidente del directorio de Estancia El Carmen S.A es Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador Juan Carlos Romero.

Con esos datos más un profuso análisis de la operatoria la fiscal sostuvo que puede establecerse que el inmueble matrícula 129.196 “salió del patrimonio del estado con destino al patrimonio de la familia del entonces gobernador, quien ejecutó el acto de peculado, simulándolo a través de una cadena de adquirentes que terminó en estancia El Carmen SA, siendo posible establecer claramente que el objeto de la maniobra fue beneficiar a su hijo”.

También le imputa al ex gobernador la condición de autor mediato en razón de que se valió de un conjunto de sujetos que actuaron como instrumentos suyos para lograr desplazar un bien del patrimonio del Estado hacia el de su familiar directo, “un bien del cual el ex gobernador sabía que iba a adquirir mayor valor, porque tenía conocimiento que se iba a realizar la obra de la avenida de Circunvalación Oeste, de acuerdo a lo expresado por Néstor López , pariente del ex gobernador Juan Carlos Romero, en declaraciones periodísticas”.

Tras citar jurisprudencia y normas vigentes que prohíben la actuación parcial o favorable a intereses particulares en el desempeño de la función pública, la fiscal Loyola sostiene que en este caso se advierten una serie de decisiones, actos y operaciones abiertamente sospechosos contrarios a las normas, que permitieron que el inmueble adquirido en el año 1998 por la provincia de Salta en $ 1.100.000 con el objeto de ser destinado al Programa Familia Propietaria fuera finalmente adquirido en el año 2009 por Estancia El Carmen en la suma de $ 100.000.

Loyola detalla exhaustivamente los fundamentos de su sospecha, basándose en el precio que se le fue dando sucesivamente al inmueble y en la finalidad.

Menciona cada una de las operaciones en las que intervinieron Rubén Fortuny como interventor del IPDUV, Carlos Abeleira como secretario de Ingresos Públicos, Lucas Amado como Director de Inmuebles, la ingeniera agrimensora Carmen Moreno, la entonces escribana de Gobierno Laura Inés Wayar, la escribana María Cecilia Pérez de la Fuente en representación de Prados de Atocha y finalmente Estancia El Carmen, cuya directora suplente es Hermelinda Elena Romero de Ramírez.

"En definitiva el inmueble en cuestión, a través de sucesivas operaciones tuvo como destino final su venta a Estancia El Carmen "cuyo presidente es Juan Esteban Romero, hijo del ex Gobernador".

"La figura del peculado no exige el registro público de las operaciones, porque con el objeto de lograr la impunidad, se puede articular una compleja ingeniería de operaciones que en este caso, involucran a sujetos directamente relacionados con el entonces gobernador de la provincia y por tanto jefe de la estructura estatal, que actuaron interponiéndose justamente para impedir que se relacionara el nombre de aquel con la maniobra de apropiación".

(Nuevo Diario)

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