Reunión con autoridades nacionales por los Lotes 55 y 14

Con autoridades de la Procuración, la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI, se analizó en Buenos Aires la situación de los lotes 55 y 14 y la demanda que pesa sobre el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La ministra de Derechos Humanos, María Pace, encabezó la comisión que ayer fue recibida por la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona.

En dicho encuentro la ministra ratificó ante las autoridades nacionales el compromiso del gobierno de Salta encabezado por Juan Manuel Urtubey, para la entrega de los lotes a aborígenes y criollos en el departamento Rivadavia.

Asimismo la ministra dijo que para concretar este objetivo se continuará trabajando en base a los acuerdos participativos, con todos los actores involucrados.

Esta reunión se dio en la Procuración, organismo que depende directamente de Presidencia de la Nación y por norma debe brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo y organismos dependientes y asumir la representación y defensa del Estado Nacional en juicio.

Estuvieron en compañía de la ministra Pace el senador provincial Mashur Lapad, el secretario de Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique, el escribano de Gobierno, Víctor Fernández Esteban, el coordinador ministerial Luis Gómez Almarás y la referente de la Unidad Ejecutora Provincial Florencia Luñiz.

Entre las autoridades nacionales estuvieron el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), Daniel Fernández.

Finalmente se definió que se realizará una nueva reunión el 23 y 24 de julio, donde se definirá el informe final que se enviará a Washington para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La demanda

Cabe recordar que en 1998 la Asociación Indígena Lhaka Honhat elevó al organismo internacional una denuncia al Estado nacional por la construcción de infraestructura pública que se realiza sin los procedimientos de consulta adecuados a las Comunidades Indígenas que habitan la zona. Tal denuncia fue patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y posteriormente ampliada al reclamo de regularización dominial del territorio que habitan.

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