Garrafas sociales: Se tiran la pelota entre ediles y Defensa al Consumidor

El beneficio de la garrafa Social es un plan Nacional al que la provincia adhiere. Hoy presenta dificultad en cuanto a cantidad y distribución responsable. Ante esto, el Concejo Deliberante insta, mediante pedido formal, a la Secretaria de Defensa al consumidor a hacer un registro de beneficiarios y controlar. En tanto esta última, se desliga la responsabilidad e invita a los municipios tomar la iniciativa de tal registro.

El Concejal Ricardo Villada reconoce la existencia de un problema en el abastecimiento  de garrafas sociales. En la sesión del cuerpo legislativo municipal realizó la lectura de la iniciativa del Senador Nacional Juan Romero que prevé la extensión del cupo de las mismas, lo que permitiría que llegue mayor cantidad de garrafas. La problemática de las garrafas sociales, asegura Villada, se debe al incremento de la demanda y no se amplían las redes de distribución, existiendo mayor cantidad de personas que necesitan y menor cantidad de oferta.

Para el Edil, existe un problema que se acopla al existente. Se trata de la falta de regulación y control en la venta de garrafas, donde se presentan oportunistas a comprar en cantidad la garrafa solidaria para luego revenderla a un monto superior. Ante esto, se planteó en el recinto la elaboración de un registro de beneficiarios de este bien de uso por parte del ejecutivo provincial, entendiéndose que es responsabilidad y potestad de la Secretaria de Defensa al Consumidor, perteneciente al Ministerio de Gobierno de la Provincia.

Si bien, Villada insiste en que el control es muy simple, hoy no se aplica.

Contrariamente desde la Secretaria al Consumidor se aclaró la imposibilidad de constituir un registro de los beneficiarios, ya que no se estipula tal accionar desde los organismos competentes a nivel nacional.

El Secretario del área, Santiago Godoy (h), plantea una dificultad para registrar a los beneficiarios y, así, evitar el oportunismo de revendedores que compran la misma a 16 pesos y la revenden  a montos superiores a los 60 pesos. No obstante, no desconoce tal artimaña.

Godoy, reconoce que existen malintencionados entre los que acceden a la compra de este beneficio que está pensado para personas en situación de vulnerabilidad social. En tal sentido, cuenta estar informado sobre la iniciativa del Concejo Deliberante, pero apunta que el municipio a través de su cooperadora asistencial podría asumir esa responsabilidad y hacerse cargo de registrar a los beneficiarios.

Por último, el secretario informó que desde la aparición de esta “viveza criolla” recorren con controles en las plantas y bocas de expendio. Pero no se puede negar la venta a ninguna persona.

Fernando Climent

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