El ex gobernador Romero no se presentó ante la justicia

Una vez más el ex gobernador Juan Carlos Romero evitó sentarse en el banquillo de los acusados en la causa por peculado que se le inició a partir de la apropiación de la tierras de la finca La Ciénaga, que adquiridas por la Provincia durante su gestión, inexplicablemente y tras una serie de irregulares operaciones de venta y cesión de derechos terminaron en manos de la sociedad de su hijo Juan Esteban Romero.

Escándalo mediante, el abogado Pedro Guillén, ex secretario de Derechos Humanos de la gestión Romero, presentó un escrito en mesa de entradas recusando al juez de Instrucción en Transición 3, José María Alvarado Solá. Antes de la presentación Guillén fue informado que la abogada Andrea Astudillo Rizzo presentó una nota renunciando a la defensa de Juan Carlos Romero en la causa conocida como “La Ciénaga”.

El ex gobernador podría ser llevado ahora por la fuerza ante el juez, según lo manifestado por el diputado mandato cumplido, Carlos Morello, quien aseguró que “ni el Código Procesal Penal de Salta, ni la Ley de Fueros dan la facultad a un senador nacional de no presentarse a una indagatoria”.

Apenas conocida la noticia de la nueva ausencia de Romero en la Ciudad Judicial se produjo la manifestación de un grupo de persona que exigen justicia, ya que las tierras en cuestión habían sido adquiridas con el fin social de brindarles viviendas.

Coincidentemente las redes sociales se inundaron de críticas a la actitud evasiva del ex gobernador a la que califican como una chicana para dilatar la causa y asi evitar explicar el negociado con tierras que fueron adquiridas por la Provincia en 1.100.000 dólares y vendidas en $100.000.

Romero había sido citado a prestar declaración indagatoria hoy en la causa “NN funcionarios del Poder Ejecutivo, Agustoni, José Luis; responsables de la sociedad Prados de Atocha SA; Pérez de la Fuente, Cecilia; Wayar, Laura Inés y Brizuela, Víctor Manuel, por el delito de peculado”.

Cabe destacar que en esta causa está acumulada la denominada “Oviedo, Gilberto Enrique; Romero, Juan Carlos, por utilización con fines de lucro de informaciones o datos de carácter reservado art. 268 (1) CP” y la indagatoria había sido solicitada por la Fiscal, María Inés Loyola.

Previamente, la Corte de Justicia había habilitado la posibilidad de que el senador nacional fuera citado a prestar declaración indagatoria tras rechazar por extemporáneo un planteo de nulidad contra la notificación de la sentencia del Alto Tribunal que había desestimado a su vez el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Romero en esta causa.

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