Zona fría y zona cálida: dan subsidios para bajar subsidios

El nuevo esquema de "Zonas Cálidas" que el Gobierno nacional acordó con los gobernadores del Norte Grande es la expresión más clara de una paradoja que define la política energética argentina ya que para recortar un subsidio (el gas invernal), el Estado se ve obligado a crear otro subsidio (la electricidad veraniega). Esta lógica de "dan subsidios para bajar subsidios" no es un desliz técnico, sino una necesidad política en un Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría propia. La reforma a la Ley de Zonas Frías, que busca un ahorro fiscal de unos $272.099 millones al eliminar el beneficio automático para varias zonas del país, no podía avanzar sin el visto bueno de las provincias del NOA y NEA. La solución encontrada fue que el Gobierno ofrece un nuevo subsidio eléctrico para el verano, a cambio de que los gobernadores aprueben el recorte del subsidio en inverno.

El pacto se basa en la confianza mutua entre el Gobierno y los mandatarios del Norte. Los gobernadores desconfiaban de que, una vez aprobada la ley, el oficialismo no cumpliera su promesa de instrumentar los subsidios eléctricos. A su vez, el oficialismo temía que, si otorgaba los subsidios antes de la votación en el Senado, los gobernadores no respaldaran la reforma. El acuerdo final, sellado en una reunión con el Luis Caputo y Diego Santilli, consistió en que la nueva medida se publicará inmediatamente después de la sanción de la ley, en un acto de fe política.

La paradoja se profundiza cuando se analizan los números. El ahorro que el Gobierno espera obtener con la reforma de Zonas Frías es de $272.099 millones, pero el nuevo esquema de Zonas Cálidas, sumado a otras compensaciones otorgadas durante la negociación, implica un gasto fiscal adicional significativo. Se estima que el ahorro neto es mucho menor al esperado, y el gobierno termina expandiendo el gasto en un área para poder recortarlo en otra.

Este episodio es un retrato del federalismo de negociación que impera en la Argentina, donde el gobierno nacional compra los votos de los gobernadores con recursos y beneficios para sus provincias, contradiciendo su propio discurso de libertad de mercado y no intervención. En definitiva, el desenlace deja un sabor agridulce para el oficialismo que logra un avance en su objetivo de reducir el déficit fiscal, pero el ahorro es menor al esperado y se ve obligado a expandir el gasto en otra área, en una muestra de que la política energética sigue siendo, ante todo, un escenario de negociación y pragmatismo donde los principios ideológicos chocan con la realidad de los números y las alianzas necesarias.

CEPA

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