La Rioja extendió por 60 días más el congelamiento de tarifas de servicios públicos

El Gobierno de La Rioja prorrogó por 60 días las medidas dispuestas mediante el Decreto Nº 617/26, destinadas a preservar el acceso de las familias riojanas a servicios esenciales y mitigar el impacto de la actual situación económica sobre los hogares, especialmente aquellos que atraviesan condiciones de mayor vulnerabilidad.

La decisión, que rige desde este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, mantiene los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año para los servicios públicos de energía eléctrica, agua y saneamiento, transporte urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo y conectividad provista por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM.

Asimismo, continuará vigente la reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas que abonan las y los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Estos valores tampoco podrán incrementarse durante el período de la prórroga.

La extensión de las medidas responde a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación y se enmarca en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos prorrogada mediante la Ley Provincial N.º 10.843.

De esta manera, el Gobierno provincial busca evitar una modificación abrupta de las condiciones vigentes y sostener la accesibilidad a prestaciones directamente relacionadas con las necesidades básicas y el desenvolvimiento cotidiano de la comunidad.
El decreto también instruye a los organismos y empresas prestatarias a adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados. A su vez, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la sostenibilidad de la medida y el normal funcionamiento de las entidades prestadoras.

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