Escudero presentó un proyecto para proteger a deudores hipotecarios privados

La senadora por Salta, Sonia Escudero (Peronismo Federal) presentó recientemente un proyecto de ley para proteger a los deudores hipotecarios que hubieren contraído deudas con acreedores no bancarios y que, a pesar de haber ingresado en los sistemas de refinanciación aprobados por el Congreso luego de la crisis del 2001/2002, aún corran riesgo de perder sus viviendas.

El texto (Expte Nº 4154/10) cuenta con las firmas del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) el mendocino Ernesto Sanz y su compañero de bancada Alfredo Martínez (Santa Cruz);  también lo rubricó el salteño Juan Carlos Romero.

Cabe recordar que la ley 25.798, sancionada en 2003, creó un Sistema de Refinanciación Hipotecaria, para deudores tanto con bancos como con acreedores no bancarios. Para este último caso, se le exige al acreedor presentar cierta documentación, principalmente “un certificado de cumplimiento fiscal en donde se pueda constatar que el dinero prestado estaba en blanco y había pagado los impuestos de rigor”, explicó la senadora Escudero.

Luego, se aprobó la ley 26.167, de 2006, aclarando algunos aspectos de la norma anterior y que, además, fijó topes al monto al momento de recalcular las deudas: $1 o US$1 + hasta un 30% de la diferencia entre el dólar libre y esa paridad, más un interés no superior al 2,5% anual. Dispuso también un plazo de 90 días desde la sentencia del juez, para que el DEUDOR se presente, haga todos los trámites y pague.

“El problema –aclaró la legisladora- es que ninguna de las dos leyes antes mencionadas estableció un plazo para que el ACREEDOR presente la documentación requerida. Lo que sucede, en numerosos casos, es que el acreedor no efectúa la presentación correspondiente (seguramente porque el dinero prestado no está blanqueado), por lo que se siguen acumulando intereses, y el deudor no puede levantar la hipoteca”.

El proyecto plantea una solución: da un plazo de 90 días al acreedor para que presente la documentación antes referida. Caso contrario, el Banco Nación, como fiduciario, puede presentarse en el expediente, depositar el dinero judicialmente a favor del acreedor, y retirar la hipoteca. De esta forma se le soluciona el problema al deudor que cumple con todo lo que exige la ley.

En estos casos, el proyecto también prevé que la entidad bancaria remita los datos a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que investigue si se trata de un caso de lavado de dinero, financiación de terrorismo, o algún otro delito investigado por el organismo oficial.

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