El Gobierno jujeño justificó el accionar policial tras un violento desalojo por tierras en Humahuaca

El secretario de Seguridad jujeño, Carlos Ariel Gil Urquiola, precisó que el procedimiento llevado a cabo durante el día de ayer, que incluyó el violento desalojo de la comunidad originaria indígena de Santa Rosa, en Humahuaca, se realizó en estricto cumplimiento de la directiva librada por el Poder Judicial, ámbito en el cual la fuerza provincial actuó en calidad de auxiliar; en el marco de un conflicto de carácter privado entre dos familias que disputan la propiedad de las tierras.

El conflicto se encuentra vinculado a actuaciones judiciales que cuentan con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia desde el año 2019, en el Expediente Nº CF-16142/19. La concreción de la medida demandó múltiples intentos de notificación e intervenciones previas, y su ejecución fue suspendida en dos oportunidades en los meses de abril y mayo del corriente año.

Presencia de organismos competentes

Ante el nivel de conflictividad entre las partes, el Ministerio de Seguridad dispuso medidas preventivas para el operativo, con la participación de organismos vinculados a la mediación, la protección de menores, la asistencia legal y la acción social. El objetivo, según el informe oficial, fue garantizar la seguridad y resguardar los derechos de las personas involucradas.

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia intervino para verificar la situación de los menores, aunque inicialmente no obtuvo una respuesta favorable de la familia. Sin embargo, durante el procedimiento judicial se constató que no había niñas, niños ni adolescentes en el inmueble. Pese al dispositivo preventivo desplegado, durante el operativo se registraron incidentes violentos.

Lesiones y demorados

Como consecuencia de los enfrentamientos, cuatro efectivos policiales sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que se radicaron las correspondientes denuncias en el fuero Penal por las agresiones sufridas. En paralelo, las fuerzas de seguridad demoraron a siete personas vinculadas a los disturbios.

Los involucrados fueron notificados de las contravenciones y delitos que se les atribuyen, en el marco de la Ley Provincial N.º 5860/2014, y, una vez cumplidas las diligencias procesales correspondientes, fueron puestos en libertad. “Las fuerzas de seguridad actuaron en todo momento en el marco de las tareas que les corresponden como auxiliares de la Justicia, dando estricto cumplimiento a las disposiciones del Poder Judicial y adoptando todas las medidas preventivas necesarias para garantizar el desarrollo del procedimiento”, señaló Gil Urquiola.

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