El Estado provincial no otorga subsidios a instituciones privadas dedicadas a la rehabilitación de adicciones

La Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones puede celebrar convenios de prestación en el marco de protocolos terapéuticos y efectuar inspecciones a centros habilitados en cumplimiento de normativa expresa.

A fin de evitar interpretaciones equivocadas o informaciones malintencionadas, la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones del Ministerio de Salud Pública informa que no otorga subsidios a instituciones dedicadas al tratamiento de personas con uso problemático de sustancias psicoactivas y sólo mantiene un convenio prestacional con la Asociación Civil Betania, en el marco del protocolo terapéutico pertinente, no teniendo en la actualidad relación con otras fundaciones del medio.

El estado provincial cuenta con dispositivos propios como los programas Puente y CEPRIS en capital y en el interior por convenio con los respectivos municipios: Tinku en San Ramón de la Nueva Orán, Puente Norte en Tartagal y Centro Valle en Cafayate. Estos dispositivos funcionan desde criterios de intervención interdisciplinarios y desde la acción intersectorial, generando y ofreciendo herramientas y oportunidades de inclusión social, en cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental.

Por otra parte, está vigente la Resolución N° 967/14 del Ministerio de Salud Pública, que establece los estándares para habilitación y supervisión periódica de instituciones públicas y privadas de prestaciones de salud mental y adicciones de la provincia, en un todo de acuerdo con los postulados de la Ley Nacional N° 26.657 y su reglamentación en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental y adicciones.

En función de la norma precedentemente citada, la Secretaría de Salud Mental y Abordaje Integral de las Adicciones, en su carácter de Autoridad de Aplicación efectúa inspecciones a las instituciones habilitadas como centros preventivos asistenciales y eleva los informes correspondientes a los ministerios de Salud Pública, Derechos Humanos, Trabajo, Fiscalía de Estado, etc.

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