Denuncian penalmente a una diputada por quedarse con $100.000

La diputada Liliana Mazzone fue denunciada por un socio de un cementerio que poseería junto a otros dos empresarios más en General Güemes. Según la acusación penal, el denunciante sostuvo que Mazzone.

La denuncia penal fue realizada por René Pedro Alderete, un socio de la firma Solares San Pablo S.R.L., la cual es propietaria de un cementerio con crematorio ubicado en la localidad de El Bordo, a unos tres kilómetros de Güemes.

En su acusación, Alderete, sostuvo que fue socio junto a la legisladora romerista y a otras dos personas más, una de las cuales ya falleció. El denunciante aseguró que en el año 2003, la diputada presentó en la sociedad un convenio con la firma Pieve S.A. a través del cual esta empresa pagaría por el uso del crematorio.

Producto del convenio presentado por Mazzone, según explicó el denunciante, Pieve S.A. ofrecería a sus clientes el servicio de cremación a cambio de lo cual la empresa se quedaría con un 25 % de lo recaudado por este ítem. De este dinero, y tras la deducción de gastos, se acordó que Alderete se quedaría con un 30 % de las utilidades abonadas.

El empresario acusó a Mazzone de no haber efectivizado el pago de esas ganancias, las que superarían los cien mil pesos. Alderete sostuvo que reclamó el dinero a la legisladora en reiteradas ocasiones, sin embargo, ésta nunca efectivizó esos pagos, causándole un gran daño económico.

En vista de ello, Alderete se presentó ante el fiscal penal de Güemes, Pablo Rivero, y denunció a la legisladora por el supuesto delito de defraudación, ya que desde que se hizo el convenio con Pieve S.A. asegura no haber recibido el dinero pactado con Mazzone.

La denuncia fue girada a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, la cual solicitó al Cuerpo de Investigaciones Fiscales una serie de diligencias tendientes a verificar la acusación realizada por Alderete. En vista de ello, trascendió, que Mazzone se comprometió a hacer entrega de los libros contables y actas de asamblea, pero hasta la fecha dicha documentación no fue presentada.

La acusación fue calificada como supuesta administración infiel, delito que, según el Código Penal, prevé una pena que va de un mes a seis años de prisión. La denuncia pone a la diputada nuevamente en el blanco de acusaciones penales, tal como sucedió cuando el ministro de la Corte de Justicia, Abel Cornejo, la acusó de ejercer presiones sobre el Poder Judicial.

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