Defendamos la bici

El Concejo Deliberante dio curso en comisión a un proyecto de ordenanza, plagiado a la Ciudad de Rosario, para crear un sistema de bicicletas públicas, ¿el problema? la inconsistencia e imposibilidad de llevarlo a cabo.

El gobierno municipal y sus políticas públicas en materia de transporte y administración del espacio público han dado claras muestras de que su prioridad está lejos de ser el de las personas. No hace falta más que observar el plan para reordenamiento del tránsito que ha presentado la ciudad donde se sigue priorizando al vehículo particular sobre el transporte público y la bici.

El proyecto en cuestión, además de ser ridículo por ser una copia fiel y literal de la ordenanza de la ciudad de Rosario y por el alarmante desconocimiento en materia de movilidad y transporte, disfraza una falsa voluntad progresista de apoyar un cambio que es tendencia en Argentina y el mundo, con un sistema imposible de llevar a la práctica.

Algunos de los puntos más asombrosos. El artículo 6° obliga a que “las Estaciones sean puestos fijos automatizados con un módulo madre y varios puntos de anclaje para bicicletas pertenecientes al Sistema”. El artículo deja en evidencia el desconocimiento del proceso por etapas, lo que se requiere hasta llegar a la automatización, que además ignoran el costo, que en Rosario rondó $1.500.000 cada puesto, y por tanto los métodos a los que en el caso citado tuvieron que recurrir para poder financiarlo. Queda también en evidencia que desconocen que Rosario necesitó desarrollar un sistema de monitoreo único en Argentina, para no sufrir los problemas que atraviesa EcoBici en la Ciudad de Buenos Aires, y que, por ende, no saben de su magnitud.

Por su parte los artículos 9 y 10, establecen la Tarjeta Sin Contacto (TsC) como medio de identificación de usuario y pago del servicio. La obligatoriedad y distribución del medio, que a simple lectura parece positivo, parece obviar que se requerirá un sistema similar al de SAETA, con un software de avanzada, puestos de recargas y demás.

Sin ningún estudio previo, estadística, o dato empírico, y sin adecuarse a la realidad y necesidades de los salteños, el Concejo define arbitrariamente (copió y pegó) como debe ser un sistema de bicicletas público y obliga a una inversión, solamente en estaciones, de $17.000.000. Una suma exorbitante para una ciudad que aún no ha podido resolver el estado de sus calles y plazas.

Queda en evidencia que se disponen a dar sanción a un proyecto, que, en los fines, impedirá que la ciudad de Salta cuente con un sistema de transporte no motorizado e intermodal.

Una ciudad a contramano, menos sustentable, transitable y saludable.

Matías Assennato

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