Carlos Alfredo “Conejo” Martínez imputado como líder de una asociación ilícita y por lavado de activos

El Ministerio Público Fiscal de la nación formalizó la investigación penal contra el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, apodado “Conejo”, a quien se le atribuye el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva efectiva del exfuncionario por dos meses al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Martínez se encontraba prófugo desde el sábado pasado, cuando se realizaron 32 allanamientos en Aguas Blancas, Orán y la ciudad de Salta. Durante esos procedimientos fueron detenidas once personas, imputadas el martes siguiente como miembros de la misma asociación ilícita. Al día siguiente, el exintendente se presentó en la comisaría 25 de Orán y quedó detenido.

De las doce personas imputadas, ocho cumplen prisión preventiva efectiva, mientras que las otras cuatro permanecen en libertad, sujetas a medidas de control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DECAEP).

En la audiencia de formalización, el juez fijó un plazo de seis meses para la investigación y dispuso peritajes sobre 35 teléfonos celulares secuestrados, además del análisis de documentación contable y otros dispositivos informáticos.

La investigación está a cargo de los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velasco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR NOA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), respectivamente. También intervienen la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR NOA Ezequiel Coscia; y los auxiliares fiscales Jorge Viltes Monier, de esa procuraduría, y Alberto Barbuto, de la PROCELAC.

Durante la audiencia, los representantes del MPF expusieron los resultados de una investigación que comenzó hace dos años.

El rol del exintendente y la estructura criminal

“Este caso tiene una gran importancia para todo el país”, sostuvo el fiscal general Villalba, al comenzar su exposición. Explicó que la relevancia del caso no se limita a las modalidades delictivas investigadas, sino que también radica en la presunta utilización del municipio de Aguas Blancas para disimular el ingreso de fondos provenientes de actividades delictivas como el narcotráfico y el contrabando.

Según la hipótesis fiscal, “Conejo” Martínez —que ya tenía antecedentes penales por narcotráfico— montó una estructura criminal y destinó dinero en dólares a la obtención de los votos necesarios para acceder a la intendencia, cargo para el que fue electo en mayo de 2023 y que asumió en diciembre de ese año. Desde esa posición, habría ampliado las actividades ilícitas de la organización, en particular las vinculadas con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el contrabando.

Para ello, habría utilizado un entramado de sociedades y contrataciones que, de acuerdo con la acusación, funcionaban como pantallas para encubrir el origen de los fondos. La fiscalía también señaló el presunto desvío de dinero del municipio.

Villalba describió, además, la influencia que habría alcanzado el exintendente para obtener “información sensible” de investigaciones que lo involucraban a él o a integrantes de la organización. Según la fiscalía, algunos funcionarios, en particular de las fuerzas de seguridad, le habrían “filtrado” esos datos, algo que, según el fiscal general, quedó de manifiesto cuando logró huir durante los procedimientos del sábado.

El fiscal también señaló que esa influencia le habría permitido obtener resoluciones favorables del entonces juez penal de Orán Claudio Parisi, destituido el 12 de diciembre de 2024 por mal desempeño y cuyo juicio penal aún está pendiente. La fiscalía sostuvo que las actividades de la organización continuaron incluso después de que Martínez fuera destituido como intendente en septiembre de 2024.

La complejidad del caso y su desarrollo en una zona de frontera motivaron la integración de un equipo conjunto de investigación integrado por las dos procuradurías especializadas del MPF de la Nación y del Ministerio Público de la provincia.

El circuito de lavado de activos

En representación de la PROCELAC, el auxiliar fiscal Barbuto detalló el funcionamiento del entramado societario que, según la acusación, se utilizaba para introducir y disimular fondos de origen ilícito. Durante su exposición, explicó las distintas etapas del circuito de lavado —la colocación, la diversificación y la consolidación de los fondos— y describió el papel de los “operadores” que al servicio del exintendente se ocupaban de las áreas contable y logística.

En ese aspecto, se señaló la participación de tres contadores imputados, quienes habrían intervenido en el movimiento del dinero a través de empresas creadas o utilizadas para ese fin. Entre las maniobras investigadas se mencionó el desvío de fondos municipales.

En el área logística, la fiscalía describió el rol de otros tres imputados. Uno de ellos habría dirigido préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, mediante una carpintería que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, funcionaba como pantalla.

Los representantes del MPF también recordaron los antecedentes de Martínez. En 2012 fue detenido por el transporte de seis kilos de cocaína —lo que le valió una condena a cinco años de prisión— y, en marzo de 2019, fue aprehendido en Santiago del Estero con 100.000 dólares cuyo origen no pudo justificar. En tanto, en diciembre de 2025, Martínez fue condenado por la justicia provincial a un año y dos meses de prisión efectiva por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional, en el marco de la investigación del homicidio de su propio hermano, César “El Oreja” Martínez, cometido por sicarios en noviembre de 2023, en Orán.

Los riesgos procesales

En la audiencia de ayer, al fundamentar el pedido de prisión preventiva para el exintendente, la fiscal general adjunta Gamba Cremaschi destacó en la que Martínez había eludido los procedimientos realizados el sábado anterior. También señaló su capacidad económica, su influencia en la zona por su paso por la intendencia y sus conexiones políticas, así como la facilidad con la que podría cruzar la frontera hacia Bolivia. A criterio de la fiscalía, esas circunstancias incrementaban el riesgo de que volviera a fugarse o interfiriera en la investigación.

La defensa se opuso a la medida y alegó problemas de salud relacionados con intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, la constancia médica que presentó tenía cuatro meses de antigüedad. En contraposición, la fiscalía aportó documentación de la clínica donde había sido atendido el imputado, que daba cuenta de una recuperación satisfactoria.

Al resolver, el juez Montoya hizo lugar al planteo del MPF y ordenó la prisión preventiva efectiva de Martínez por 60 días, al considerar que existía un elevado riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

MPF Nación

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