Zapata le pidió a López Viñals que analice si hubo delito en contrataciones por parte del municipio capitalino

El diputado provincial Carlos Zapata realizó una presentación al Procurador Dr. Pablo López Viñals para que analice la posible existencia de delitos originados por la contratación de empresas familiares del intendente capitalino Miguel Isa para la realización de distintas obras por 20 millones de pesos.

En la presentación, Zapata adjuntó copia de lo presentado ante el Tribunal de Cuentas Municipal, y solicitó se analice la posible existencia de delitos por parte del intendente y a los efectos de que se inicien las actuaciones penales que pudiere corresponder.

Al llegar al Ministerio Público, Zapata se refirió a las acusaciones de Isa contra su persona: “Yo nunca respondí agravios y no lo haré en este momento. Yo presenté elementos documentales claros. Por eso, le reitero al señor intendente que, en vez de intentar descalificarme, se preocupe por presentar los papeles correspondientes que demuestren lo contrario".

La denuncia

Zapata denunció ayer ante el Tribunal de Cuentas Municipal a la administración municipal, que gobierna Isa, por presuntas irregularidades en distintas contrataciones realizadas por el Municipio desde 2008, por más de 20 millones de pesos.

Mediante la documentación presentada, Zapata sostiene que la operatoria tendió a “beneficiar a determinadas empresas mediante la adjudicación de contratos de obras y servicios públicos a través de contrataciones directas”, evitando así el proceso de licitación pública.

De acuerdo a la denuncia, el común denominador “es la participación (ya sea como socio, gerente, representante o testaferro) de personas y familiares vinculados al Sr. Intendente”. “Se puede observar la participación de siete empresas que percibieron desde el año 2008 más de veinte millones de pesos por obras adjudicadas mediante procesos de contratación directa, por la realización de trabajos tales como humectación de calzadas, acopio de áridos y trabajos inespecíficos de mantenimientos de calles y espacios públicos”.

En el escrito se afirma: “El entramado de proveedores se conforma con las firmas Luro, de Lucas Ramiro Márquez Ibire; Cios, de Carlos Rubén Darío Isa, y Cisa, de Carlos Alberto Isa Cortez, estos dos últimos parientes directos del Sr. Intendente”, se señala. Y agrega el escrito: “La firma Cisa entre abril y julio de 2008 percibió $ 479.700 por dos contrataciones directas. La firma Cios, inscripta en el Registro de Comercio el 14-08-2007, llegó a facturar $ 70.000 por una única contratación directa por servicios de desmalezado en superficies no especificadas de la ciudad de Salta”.

Además, en la denuncia se asegura: “En un estado patrimonial certificado el 28-05-2007, Carlos Rubén Darío Isa declaraba domicilio en calle Uruguay 508, la misma dirección comercial que Lucas Ramiro Márquez Ibire utilizó para registrar a la firma Luro Construcciones. Además, ambas firmas declararon domicilios fiscales y legales en calle Obispo Romero 2050, al igual que ADOBE SA con lo que se puede deducir con toda claridad los vínculos de este entramado empresario”.

“Toda esta maraña se completó en los últimos años con la aparición de dos nuevas empresas (…). Una de ellas es P&V Obras y Servicios, cuyo titular figura Ángel Paul Vallejos, yerno de Carlos Adolfo Isa, hermano del Intendente. Esta firma cobró $ 733.707 por cinco contrataciones directas que le adjudicó el municipio. Tres fueron por “humectación de calzadas” en sectores imprecisos de la zona norte de la ciudad; y dos por “retiro y reposición de junta elástica para pavimento”, sin mayores especificaciones de calles y superficies abarcadas por tales trabajos”, afirma.

“La otra empresa es Kiara Construcciones, registrada el 26-09-2011 a nombre de Andrea Natalia Hannach, pareja de Carlos Rubén Darío Isa y nuera del hermano del Intendente. Esta firma debutó el 09-09-2013 con trabajos de “caminería y equipamiento en plaza Villa Independencia”, tal como figura en la resolución 283/13 de la Secretaría de Obras Públicas”, sostiene.

Por ese motivo, Zapata solicitó que el Tribunal “informe si realizó algún tipo de auditoria sobre las empresas mencionadas y sobre las contrataciones efectuadas”.

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