El presente informe realizado por el Centro de Política Argentina (CEPA) tiene como objetivo analizar la situación presupuestaria de las Universidades Públicas Nacionales y la evolución del poder adquisitivo del personal docente y no docente. En este marco, se realiza la comparación entre los impactos presupuestarios y salariales de la Ley insistida (Ley 27.795 “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”) con el Proyecto del Gobierno (propuesta de modificación de la Ley 27.795).
La Ley insistida fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. El 10 de septiembre, el Poder Ejecutivo decidió vetarla y devolverla al Congreso. Sin embargo, el 2 de octubre ambas Cámaras insistieron en su aprobación, por lo que la ley quedó definitivamente sancionada.
Ahora bien, el 21 de octubre de 2025, al momento de su publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación. El argumento fue que la ley no establecía de manera explícita de dónde saldrían los fondos para financiarla, y que su ejecución quedaría suspendida hasta que esas partidas se incorporaran al Presupuesto Nacional. Esto resulta contradictorio con la propia ley, dado que establece que el Poder Ejecutivo puede realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento. Hace 195 días que se sancionó pero el Gobierno todavía no la aplicó.
Finalmente, el 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado Nacional cumplir con la Ley 27.795. Para evitar cumplir con la ley, el 18 de febrero de 2026, el Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Esta Ley insistida establece aumentos en distintas partidas presupuestarias, diferenciando entre gastos de funcionamiento y recomposición salarial para docentes y no docentes de las Universidades Públicas:
- Gastos de Funcionamiento: dispone una recomposición presupuestaria para 2024 en función del aumento de la inflación publicada por el INDEC (desde mayo hasta diciembre inclusive), y actualizaciones bimestrales durante todo 2025. Estas actualizaciones alcanzan a las Actividades 14 “Asistencia Financiera para el Funcionamiento de las Universidades”, 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, 16 “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades” y 25 “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”, todas correspondientes al Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”.
- Actualización Salarial: establece la convocatoria a una paritaria nacional para que los aumentos salariales de docentes y no docentes recompongan la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 (inclusive) hasta el mes posterior a la publicación de la ley (octubre de 2025), tomando como referencia el IPC publicado por el INDEC.
El Proyecto del Gobierno introduce cambios tanto en la recomposición de los gastos de funcionamiento como en la actualización salarial:
- Gastos de funcionamiento: se propone un aumento de $80.072 millones en la Actividad 15 “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, en concepto de recomposición presupuestaria. Además, las Actividades 14, 15 y 16 del Programa 26 se actualizarán según la inflación publicada por el INDEC, siempre que esta supere el 14,3% anual acumulado. A su vez, la Actividad 25 “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria” queda excluida de este mecanismo de actualización, cuando en la ley sancionada se actualizaba por la inflación.
- Actualización salarial: se establecen incrementos escalonados para el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales, con subas del 4,1% en marzo, junio y septiembre, calculadas sobre el salario básico de diciembre de 2025, totalizando 12,3% en el año. A su vez, establece la convocatoria a una paritaria nacional sin piso de incrementos en los salarios, cuando en la ley sancionada se establecían.
Presupuesto de Universidades Nacionales
El presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza. Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 32,5%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constante (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado(REM)), el crédito asciende a $4,87 billones. En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 41,6% respecto de 2023.
Ahora bien, si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,49 billones a valores de 2026. Esto habría implicado un crecimiento real de 33,8% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado 1,9% sobre el nivel de 2023.
En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 13,1%, alcanzando $5,51 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 2,1% frente a 2025 y de 33,9% en comparación con 2023.
Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.
Salarios universitarios
Desde la asunción del Gobierno de La Libertad Avanza, tanto los docentes como el personal no docente de las Universidades Nacionales registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo en sus salarios. La mayor parte de esa caída se concentró en los primeros meses de 2024, entre diciembre 2023 (inclusive) y julio 2024 la inflación acumulada alcanzó 134,6%, mientras que los salarios aumentaron 80,4%. Esto implicó una reducción del 23,1% en términos reales respecto de noviembre 2023. Tomando ese mes como base, el salario real se redujo 24,4% hasta diciembre 2024 (inclusive). Durante 2025 volvió a registrarse una contracción adicional del 10,1%, acumulando así una caída total del 32,1%. Finalmente, en el primer cuatrimestre de 2026 se produjo una nueva reducción en términos reales, llevando la pérdida de poder adquisitivo al 34,2% en comparación con noviembre 2023.
Al comparar la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a un Hogar Tipo 2 en marzo 2026 con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) del personal docente y no docente de las universidades nacionales, se observa que solo una pequeña parte de los cargos supera la línea de pobreza. En ese mes, la CBT alcanzó los $1.434.464. Entre los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario bruto de $1.555.834, apenas $121.370 por encima de la línea de pobreza. En el caso del personal no docente, solo los cargos de los niveles 1 y 2 superan la CBT, con ingresos que la exceden en $572.648 y $238.132 respectivamente.
El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva percibe salarios que no alcanzan a cubrir la CBT, por lo que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Algo similar ocurre con la mayoría de los escalafones del personal no docente, cuyos salarios tampoco logran superar ese umbral.
La situación es aún más crítica entre los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple. Considerando que la CBA en marzo 2026 fue de $658.011, solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo de ese nivel.
La Ley insistida establecía la convocatoria a una paritaria nacional para que el salario básico del personal docente y no docente de las universidades nacionales recupere el poder adquisitivo perdido desde diciembre 2023 (inclusive) hasta el mes de su publicación en el Boletín Oficial (octubre 2025). Esto implicaba un incremento salarial del 44,0%. De haberse aplicado sobre los salarios de noviembre 2025 (mes siguiente a la sanción de la ley), el salario real del personal docente y no docente se habría ubicado apenas 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre 2023, recuperando la mayor parte del poder adquisitivo perdido durante la gestión de La Libertad Avanza.
Por su parte, el Proyecto del Gobierno establece una recomposición sobre 2025 en salarios se realiza en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%, totalizando un 12,3%. Este esquema presenta dos problemas centrales. En primer lugar, ignora deliberadamente el ajuste realizado durante 2024, que fue el más significativo, desde noviembre 2023 el salario real del personal docente y no docente de las universidades nacionales acumuló una caída del 24,4%.
En segundo lugar, la recomposición propuesta resulta insuficiente frente a la dinámica inflacionaria de 2026. Según las proyecciones del REM, la inflación acumulada durante los primeros cinco meses de 2026 alcanzaría 14,7%, superando ya el aumento total previsto de 12,3%. Para septiembre de este año, la inflación acumulada alcanzaría 23,6%, siendo 11,3 puntos porcentuales más elevada que la recomposición dispuesta en el Proyecto del Gobierno.
Por lo tanto, si bien el incremento se presenta como una recomposición de lo perdido durante 2025, esa mejora se diluye a lo largo de 2026. Para septiembre 2026 se consolidaría una nueva caída del salario real de 1,5 puntos porcentuales respecto de diciembre 2025. En otras palabras, lejos de recuperar poder adquisitivo, el esquema propuesto termina profundizando el deterioro salarial.
Si se compara el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad desde noviembre 2015, se observa una marcada pérdida de poder adquisitivo hasta abril 2026. Expresado en pesos de septiembre de 2026 (utilizando la proyección de inflación del REM de marzo 2026), ese salario alcanzaba $1.187.482 en noviembre 2015, mientras que en abril 2026 se ubica en $584.413. Esto implica una reducción del 50,8% en términos reales.
De haberse aplicado la Ley insistida, la pérdida de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2015 se habría acortado la brecha sustancialmente, siendo que el salario habría alcanzado $888.794, lo que implicaría una caída del 25,2%. En cambio, bajo el esquema propuesto en el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748, profundizando aún más la pérdida acumulada y alcanzando una caída del poder adquisitivo de 38,4% respecto a noviembre 2023 y de 53,9% en relación con noviembre 2015.
Conclusiones
La ley 27.795 de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso el 21/08/2025, vetada el 10/09 y ratificada por el Congreso el 02/10. El 21/10 el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 por supuesta falta de financiamiento, pese a que la propia ley habilitaba realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El 23/12/2025 la Justicia ordenó aplicarla y, para evitar su implementación, el 18/02/2026 el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla.
- Presupuesto universitario: ajuste real de 32,5% entre 2023 y 2025 y 41,6% respecto de 2023 considerando el presupuesto vigente de 2026. Con la Ley insistida habría crecido 33,8% frente a 2025 y lo habría dejado 1,9% sobre el nivel de 2023. En cambio, el Proyecto del Gobierno implicaría caídas de 13,1% respecto de 2025 y 33,9% frente a 2023, dejando un presupuesto 35,1% menor al de la Ley insistida.
- Salarios universitarios: desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,2%. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.
- Salarios por debajo de la línea de pobreza e indigencia: en abril 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.
- Incremento salarial según la Ley insistida: proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre 2025, aumentando al menos 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.
- Incremento salarial según el Proyecto del Gobierno: propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (23,6% hasta septiembre 2026). De este modo, el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026.
- Salario histórico un Jefe de Trabajos Prácticos: un JTP semi-exclusivo sin antigüedad pasó de cobrar $1.187.482 (noviembre 2015) a $584.413 (abril 2026) en pesos de septiembre 2026, una caída real de 50,8%. Con la Ley insistida, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $888.794 (-25,2%). En cambio, con el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748, profundizando la pérdida de poder adquisitivo hasta el 53,9% respecto de noviembre 2015.