Con 44 votos positivos y 23 negativos, el pleno aprobó y convirtió en ley el proyecto que modifica el régimen de procedimientos tributarios y establece una modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. La propuesta modifica los criterios para determinar la existencia de una discrepancia significativa y establece nuevas condiciones para acceder y permanecer en el régimen simplificado.
Entre otros aspectos, la iniciativa amplía el universo de contribuyentes alcanzados, modifica las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y establece mecanismos vinculados con la presunción de exactitud de las declaraciones. Además, dispone una reducción automática del 25% de determinadas multas por incumplimientos formales para mipymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales; incorpora disposiciones para regularizar determinadas obligaciones fiscales y crea un régimen especial de reducción de multas para ciertos incumplimientos anteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Al respecto, el senador y miembro informante Bruno Olivera Lucero (LLA), luego de repasar los principales artículos de la medida, explicó que el proyecto busca que los argentinos que mantuvieron sus ahorros fuera del sistema financiero, por temor a controles o sanciones del Estado, puedan reincorporarlos al circuito bancario. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es brindarles la seguridad necesaria para disponer de esos fondos "sin temor de que el Estado los va a perseguir".
Olivera Lucero remarcó además que la incorporación de esos recursos al sistema permitiría dinamizar la economía, generar empleo y ampliar el acceso al crédito. "Lo que nos sirve es que ese dinero esté en el sistema bancario, que eso genere trabajo y crédito y que esa plata escondida deje de ser plata muerta", afirmó. Según señaló durante su exposición, se estima que unos 170 mil millones de dólares se encuentran actualmente fuera del sistema, por lo que consideró que el ingreso de una parte de esos ahorros podría representar "una luz para nuestra economía". Al finalizar, les solicitó a sus pares el acompañamiento a este proyecto: "Para que hoy se convierta en ley".
Del mismo modo, la senadora Silvana Schneider (UCR) defendió la iniciativa argumentando que el objetivo principal es "mejorar la aplicabilidad de la Ley de Inocencia Fiscal Nº 27.799 aprobada a fines del año 2025". Asimismo, sostuvo que: "Esta ley no pretende ser solo un renglón técnico sino un puente para recuperar la confianza y construir un país donde la buena fe del contribuyente sea la regla y no la excepción". En contraposición, el senador José Mayans (Justicialista) expresó su rechazo a la propuesta al señalar que: "Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados".
Al finalizar, la senadora Patricia Bullrich (LLA) defendió la iniciativa y afirmó: "Conozco muy bien los mecanismos del lavado de activos y hemos luchado permanentemente contra el lavado proveniente del narcotráfico y de la corrupción". En ese marco, sostuvo que el proyecto concentra su atención en quienes "han ahorrado de buena fe" y permite "brindarle confianza al ciudadano".