Esta iniciativa responde a la necesidad de dar una respuesta inmediata a las personas discapacitadas y sus familiares que, tal vez por desconocimiento, deambulan entre obras sociales, entidades privadas de salud y el propio Estado sin conseguir la asistencia que por ley les corresponde y que muchas veces les es negada.
El objetivo fundamental del proyecto es, entonces, colaborar en la protección de personas con discapacidad y dotar a las mismas y a sus familiares de las herramientas que les permitan garantizar y hacer valer sus derechos constitucionalmente.
Por su parte, el Protector tendrá la función asesorar y representar administrativa y judicialmente a los discapacitados en el reconocimiento efectivo de sus derechos. Esta tarea quedará en manos de una persona designada por los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, previo proceso sumario y público de selección.