Salta inicia una nueva etapa en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la Ley Penal

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Pablo Kosiner, rubricó este martes con su par de Derechos Humanos, Claudio Mastandrea un convenio marco por medio del cual se establecen acciones conjuntas para el tratamiento que se brindará en los  Centros de atención de jóvenes en conflicto con la Ley Penal a partir del decreto firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey que pone en marcha a partir de hoy el nuevo sistema.

La premisa básica del acuerdo establece una atención integral de las niñas, niños y adolescentes para promover el desarrollo integral y pleno de quienes deban ser alojados por disposición de la justicia en los mencionados centros.

Sobre el particular, el ministro Kosiner calificó de “trascendente” la puesta en marcha de los centros, donde Salta hace efectivo el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que establecen el tratamiento que se debe brindar a las niñas y niños imputables que tengan causas penales e indicó que “el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador marca la vocación de servicio del Gobierno de transformar estructuras que permiten tener mejor relación con los actores sociales en cuestión”.

El funcionario provincial manifestó que la transformación de la Unidad de Protección al Menor Nº1 en “Centro de Atención de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº1” forma parte de la primera etapa de las acciones programadas para la puesta en marcha del sistema y anticipó que luego se implementará en Orán y se replicará, posteriormente, en Tartagal y Metán.

El innovador modelo originó la creación de la Dirección General de Justicia Penal en la órbita de la sub secretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios a cargo de Ángel Augusto Sarmiento, que tendrá la asistencia de profesionales interdisciplinarios de la secretaría de Promoción de Derechos.

“Se inicia una nueva etapa”, aseveró el responsable de Justicia, donde “el personal policial se abocará a las tareas específicas que debe realizar en resguardo de la integridad física de la población y serán los operadores juveniles, psicólogos y asistentes sociales los encargados de contener a los jóvenes en conflicto con la Ley Penal”.

Durante la firma de convenio estuvieron presentes el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ángel Augusto Sarmiento y los secretarios de Promoción de Derechos, de Gobierno y de Derechos Humanos, Ana Soria, Maximiliano Troyano y María Pace, respectivamente y el director del Servicio Penitenciario, Martín Martínez.

 

 

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