Comisión de Justicia aprobó el dictamen sobre lavado y una ley correctiva

Comisión de Justicia aprobó el dictamen sobre lavado y una ley correctiva
La comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside la salteña Sonia Escudero se reunió esta tarde para emitir dictamen favorable al proyecto de ley para tipificar el lavado de dinero como delito autónomo -norma solicitada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- y que mañana el Senado convertirá en ley. Asimismo, la comisión firmó un despacho de comisión de un segundo proyecto, una “ley correctiva” que incluye algunos ajustes pedidos por senadores, representantes de colegios profesionales y cámaras empresarias.
La ley correctiva, elaborada por Escudero y los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, será tratada como un proyecto independiente del que vino en revisión de Diputados para no demorar la sanción de la ley de “autolavado” y evitar de ese modo la eventual aplicación de sanciones por parte del GAFI en la reunión prevista en junio próximo.
“Esta ley no busca crear otra AFIP para cobrar impuestos sino la persecución de delitos graves referidos al crimen organizado”, manifestó Escudero sobre las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Nos estamos ajustando a lo que nos pide el GAFI, adaptando nuestra legislación a los estándares internacionales para combatir el crimen trasnacional”, agregó.
“La reforma más importante que el Senado votará mañana es la tipificación del lavado como delito autónomo, el “autolavado”, tema que hoy no está penado en la Argentina, sino que es considerado una forma de encubrimiento”. En cuanto a la ley correctiva, la legisladora sostuvo que su finalidad es “aclarar algunas deficiencias técnicas y algunos aspectos en la norma votada por Diputados que no han sido correctamente definidos”.
La ley correctiva modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). En el caso específico de los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, serán “sujetos obligados” cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con las siguientes actividades: compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; y creación, operación o administración de personas  jurídicas o estructuras jurídicas, y compraventa de entidades comerciales.
“En el caso de los profesionales en Ciencias Económicas, la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables”, reza el proyecto.
La ley correctiva establece, además, que los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UIF. Los Colegios Públicos, Consejos Profesionales, Cámaras sectoriales e instituciones análogas podrán desarrollar dichos manuales y establecer programas para la capacitación de sus matriculados o asociados para la detección de maniobras de lavado de activos”.
Asimismo, el Estado Nacional establecerá a través de la UIF programas de capacitación de personal para el cumplimiento de los objetivos de la ley de carácter gratuitos para los sujetos obligados.
Sanciones: la ley establece que “la persona que, actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica, o la persona de existencia visible que incumpla la obligación de informar a la UIF operaciones sospechosas de configurar lavado de activos o financiación del terrorismo, será sancionado con multa del veinte por ciento a cinco veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre que el hecho no constituya un delito más grave”.
“Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil a 500 mil pesos”. En caso de incumplimiento de las restantes obligaciones establecidas en la ley “será sancionada con multa de $ 2.500 a $ 50.000” .
La UIF será la encargada de fijar los montos mínimos y máximos de operación sobre los cuales los sujetos involucrados en la ley deberán emitir información.

sonia_escudero

La comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside la salteña Sonia Escudero se reunió esta tarde para emitir dictamen favorable al proyecto de ley para tipificar el lavado de dinero como delito autónomo -norma solicitada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)- y que mañana el Senado convertirá en ley.


Asimismo, la comisión firmó un despacho de comisión de un segundo proyecto, una “ley correctiva” que incluye algunos ajustes pedidos por senadores, representantes de colegios profesionales y cámaras empresarias. 

La ley correctiva, elaborada por Escudero y los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz, será tratada como un proyecto independiente del que vino en revisión de Diputados para no demorar la sanción de la ley de “autolavado” y evitar de ese modo la eventual aplicación de sanciones por parte del GAFI en la reunión prevista en junio próximo.

“Esta ley no busca crear otra AFIP para cobrar impuestos sino la persecución de delitos graves referidos al crimen organizado”, manifestó Escudero sobre las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Nos estamos ajustando a lo que nos pide el GAFI, adaptando nuestra legislación a los estándares internacionales para combatir el crimen trasnacional”, agregó.  

“La reforma más importante que el Senado votará mañana es la tipificación del lavado como delito autónomo, el “autolavado”, tema que hoy no está penado en la Argentina, sino que es considerado una forma de encubrimiento”.

En cuanto a la ley correctiva, la legisladora sostuvo que su finalidad es “aclarar algunas deficiencias técnicas y algunos aspectos en la norma votada por Diputados que no han sido correctamente definidos”. 

La ley correctiva modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). En el caso específico de los escribanos públicos y los profesionales en Ciencias Económicas, serán “sujetos obligados” cuando preparen o lleven a cabo operaciones para su cliente relacionadas con las siguientes actividades: compraventa de bienes inmuebles; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; organización de aportes para la creación, operación o administración de compañías; y creación, operación o administración de personas  jurídicas o estructuras jurídicas, y compraventa de entidades comerciales. 

“En el caso de los profesionales en Ciencias Económicas, la obligación se extenderá a su actuación como auditores externos de estados contables”, reza el proyecto. 

La ley correctiva establece, además, que los sujetos obligados podrán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UIF.

Los Colegios Públicos, Consejos Profesionales, Cámaras sectoriales e instituciones análogas podrán desarrollar dichos manuales y establecer programas para la capacitación de sus matriculados o asociados para la detección de maniobras de lavado de activos”. 

Asimismo, el Estado Nacional establecerá a través de la UIF programas de capacitación de personal para el cumplimiento de los objetivos de la ley de carácter gratuitos para los sujetos obligados.

Sanciones: la ley establece que “la persona que, actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica, o la persona de existencia visible que incumpla la obligación de informar a la UIF operaciones sospechosas de configurar lavado de activos o financiación del terrorismo, será sancionado con multa del veinte por ciento a cinco veces el valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre que el hecho no constituya un delito más grave”. 

“Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil a 500 mil pesos”. En caso de incumplimiento de las restantes obligaciones establecidas en la ley “será sancionada con multa de $ 2.500 a $ 50.000” . 

La UIF será la encargada de fijar los montos mínimos y máximos de operación sobre los cuales los sujetos involucrados en la ley deberán emitir información.

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