Avanza en el Senado la incorporación de la desaparición forzada de personas en el Código Penal

 

Imagen LA HORA – Buscan castigar la desaparición forzada de personas. El proyecto será modificado, por lo que deberá volver a Diputados. Los senadores también harán modificaciones en la ley que puso en vigencia el Estatuto de Roma y ya pusieron en agenda, para el próximo encuentro, un proyecto del radical Ernesto Sanz para agilizar los juicios por delitos de lesa humanidad.

 

Si bien la reunión estaba originalmente planteada para conversar con el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak  y otros funcionarios de su cartera, anoche a última canceló el encuentro con los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside la salteña Sonia Escudero (Peronismo Federal), argumentando que “tenía compromisos relacionados con la próxima visita a nuestro país del flamante Presidente de Chile”, que esta prevista para fines de esta semana.

Sin embargo, a pesar de ese contratiempo, la reunión se realizó de todos modos para darle tratamiento a un proyecto con media sanción que propone incluir en el Código Penal la desaparición forzada de personas. En representación del Ejecutivo participó el Subsecretario de Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo. Escudero adelantó que en dos semanas estará listo el dictamen, aunque con algunas modificaciones, por lo que el texto deberá volver a Diputados.

El proyecto incorpora al Código Penal un artículo (142 ter) por el cual “se impondrá reclusión o prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al agente del Estado, persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, obstaculizando o impidiendo así el ejercicio de los recursos legales o de las garantías procesales pertinentes”.

La pena prevista es “de 8 a 20 años de prisión o reclusión cuando los autores o partícipes liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida”. En caso de muerte, la pena será de prisión perpetua.

En relación con este punto, la senadora Escudero planteó algunas objeciones ya que advirtió “algunas inconsistencias en las escalas aplicadas en el proyecto, en comparación con la ley 26.200 que puso en vigencia el Estatuto de Roma”. Allí, en cambio, “las penas aplicables en los casos de lesa humanidad van de los 3 a los 25 años”, aunque aquí también consideró que “las penas mínimas son demasiado bajas”. En definitiva, la legisladora propuso modificar ambas normas para que “las penas sean similares”.

El proyecto prevé, asimismo, que “el juez de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan”.

También, establece que el magistrado “no podrá disponer el archivo de las causas hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal”.

Rodolfo Mattarollo dejó un pedido a los senadores: darle jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre desaparición forzada de personas, para lo cual se precisa un pronunciamiento expreso del Congreso. No obstante, el funcionario aclaró que aún resta que dos países más la ratifiquen, aunque ya fue suscripta por 80 países.

Agilización de causas por delitos de lesa humanidad

La senadora Escudero puso en agenda para la próxima reunión, dentro de 15 días, un proyecto del senador y presidente de la UCR Ernesto Sanz (expte. 122/09) por el cual se establecen algunas disposiciones especiales en la tramitación de las causas por delitos de lesa humanidad, cometidas con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. El objetivo perseguido es la agilización de los procesos judiciales, fundamentalmente.

A tal fin, se cursará invitación a expertos en la materia: Julio Strassera, Ricardo Gil Lavedra, Luis Alem y Pablo Parenti de la Unidad de la Procuración General de la Nación que impulsa el trabajo de los fiscales federales en causas de lesa humanidad.

También, se agilizará el tratamiento de un proyecto con media sanción de la Cámara baja para crear un nuevo Tribunal Oral en lo Criminal Federal en la provincia de Salta, para aliviar así de trabajo al único tribunal existente, que también tiene jurisdicción en Jujuy, “donde actualmente están en proceso tres causas por violaciones de derechos humanos: la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, la causa Palomitas, y el caso por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

 

 

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