En reunión plenaria convocada por las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Senadores Salteños avanzaron en el análisis del proyecto de ley en revisión que establece el marco normativo para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña en la provincia. En esta ocasión participaron funcionarios de las secretarías de gestión productiva y de ambiente y desarrollo sustentable.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, y contó con la participación de los senadores Gonzalo Caro Dávalos, Walter Cruz, Arnaldo Altamirano, Dani Nolasco, Carlos Guitián, Alejandra Navarro, Esteban D’Andrea, Roque Cornejo, Gonzalo Guaymás, Enrique Cornejo, Juan Cruz Curá, Rolando Guaimás, Sergio Saldaño y Carlos López.
Por el Poder Ejecutivo asistieron el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; el subsecretario de Gestión Productiva, Pablo Savoy; el subsecretario Normando Zúñiga; junto a Daniela Ibañez y la médica veterinaria Melina Yampotis.
El proyecto, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, vincula la conservación ambiental con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. En ese marco se establece expresamente el aprovechamiento exclusivo de la fibra mediante la esquila por el método ancestral del “chaku”, manteniendo la prohibición absoluta sobre el cuero y la carne, así como de la caza y tenencia no autorizada. Asimismo, la iniciativa declara zonas de reserva e interés a los departamentos de Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate, destinando prioritariamente los ingresos a la retribución de los productores y artesanos locales.
Una iniciativa para potenciar la protección de la especie
Durante su exposición, la veterinaria Yampotis repasó el contexto normativo e histórico de la especie, recordando el Convenio Internacional de 1969 —al que Argentina adhirió en 1971—, la catalogación de la especie en peligro de extinción por CITES en 1975, el convenio regional de 1979 ratificado por Ley Nacional N° 23.582 en 1988, y la vigente Ley Provincial N° 6.709 de 1993, cuya aplicación fue clave para lograr la recuperación poblacional. Explicó que la especie pasó de contar con apenas 2.000 ejemplares en el país durante los años 60 a contabilizar 58.387 en el censo provincial de 2018, lo que permitió en 2019 lograr la enmienda CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) para transferir la población de Salta del Apéndice I al Apéndice II. Yampotis remarcó que la legalización del aprovechamiento sustentable de la fibra permite potenciar la protección de la especie y su hábitat al tiempo que combate de manera directa la caza furtiva.
Por su parte, Dorigato advirtió que la falta de un marco regulatorio local genera una situación desventajosa respecto a provincias vecinas, las cuales ya cuentan con la legislación para realizar esquilas y podrían arrear a las vicuñas a sus límites territoriales.
A su turno, Savoy precisó que la iniciativa busca actualizar el marco normativo provincial para aggiornarlo a la legislación internacional, potenciar la conservación y aprovechar un recurso disponible posicionando a Salta en el mercado de la fibra. Explicó además que se analizaron en detalle las normativas y reglamentaciones de Jujuy y Catamarca, con el objetivo central de desarrollar una cadena de valor que beneficie de manera directa y exclusiva a los pobladores de la Puna.
En defensa del recurso de las comunidades
Durante la ronda de consultas, los legisladores plantearon diversos requerimientos para garantizar la representación y los derechos de las comunidades locales. Guitián enfatizó que las comunidades exigen ser parte en la ocupación de la mano de obra local y participar activamente de todo el proceso de aprovechamiento del recurso. En la misma línea, Caro Dávalos pidió precisar el alcance conceptual de “poblador local” en el texto normativo.
Altamirano remarcó que los habitantes de su departamento conviven a diario con la vicuña y subrayó que el chaku no es solo una actividad productiva, sino que posee una profunda dimensión espiritual y cultural. Por su parte, Cruz advirtió sobre el temor de las comunidades a ser despojadas de un recurso propio y solicitó garantizar el proceso participativo mediante la consulta previa, libre e informada, expresando que es preferible asentar estas garantías en el texto de la ley antes que en la reglamentación.
En tanto, Navarro consultó si en la redacción se consideró el trabajo previo de la Mesa de la Vicuña y advirtió que es importante aclarar el proyecto de Ley ya que en las rondas previas realizadas los pobladores sienten que solo se los contempla para el proceso primario de extracción y no dentro de la cadena de valor agregado.
Compromiso de consulta previa
En respuesta a las inquietudes planteadas, los funcionarios asumieron el compromiso formal de organizar en el mes de agosto el proceso participativo de consulta previa, libre e informada con las comunidades originarias de la Puna y Valles Calchaquíes. Dicha instancia abarcará los planes de manejo y las bases de la reglamentación para incorporar los aportes territoriales antes de avanzar con el tratamiento en el recinto.
Al cierre del encuentro, el senador Lapad valoró la apertura del proceso participativo e instó a continuar escuchando a todos los sectores para redactar la mejor ley para la provincia, priorizando el beneficio de los departamentos que albergan a las poblaciones de vicuñas.