La suspensión ordenada comprende a las disposiciones que implican investigar a personas o preconstituir prueba contra ellos sin orden de la autoridad competente y sin que exista causa judicial o concurran los presupuestos garantizados en la normativa constitucional vigente y las leyes.
Además cabe puntualizar en este sentido que la ley 7665 sancionada el 16 de junio pasado y promulgada el pasado 11 de julio, le asigna funciones específicas al CIF, entre ellas las de realizar los estudios requeridos mediante orden judicial.