En nuestro país, los jueces y juezas solo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño de sus funciones o por comisión de delitos. Esa garantía, establecida en la Constitución Nacional, busca evitar que sean desplazados por las decisiones que toman o perseguidos por razones políticas. Sin embargo, si los procesos disciplinarios impulsados por el Consejo de la Magistratura no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede transformarse rápidamente en garantía de impunidad.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presenta la investigación “¿Justicia intocable?”, que analiza lo sucedido con las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales recibidas por el Consejo entre 1999 y agosto de 2026. Los datos evidencian que apenas el 1,3% de las denuncias cerradas llegaron a una sanción o remoción.
Desde su creación hasta la actualidad, el Consejo recibió 5.170 denuncias. De ellas, 4.910 están cerradas (94,97%) y 260 continúan en trámite (5,03%). De las 4.910 que ya se cerraron, 64 llegaron a una sanción o remoción (1,3%). De las 64 mencionadas, 43 correspondieron a sanciones como multas y apercibimientos (67,19%) y 21 a remociones (32,81%).
El hecho de que menos de 2 de cada 100 magistradas o magistrados denunciados hayan sido sancionados o destituidos genera interrogantes sobre la eficacia de estos procesos. Los problemas que exhiben hoy los mecanismos disciplinarios son múltiples: su opacidad impide que la ciudadanía controle el curso de las investigaciones, el bloqueo a la participación de quienes hacen las denuncias en esas instancias los priva de impulsar el avance de las causas y la arbitrariedad en la selección de quienes investigarán las denuncias puede determinar el éxito de un proceso o su fracaso A ello se suma la inacción del propio Consejo: entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias caducaron por el mero paso del tiempo. 469 denuncias que quedaron sin investigar.
“¿Justicia intocable?” reúne datos oficiales del Consejo de la Magistratura, información extraída de respuestas a pedidos de acceso a la información pública presentados por ACIJ al organismo, testimonios de denunciantes y análisis de especialistas con el propósito de explorar el funcionamiento de la atribución de vigilancia sobre la magistratura. Cabe destacar que también se intentó contar con las miradas de los consejeros y consejeras. Se enviaron más de 40 pedidos de entrevistas a los 15 que actualmente integran las Comisiones de Disciplina y de Acusación pero, a excepción de Anabel Fernandez Sagasti y Rodolfo Tailhade, ninguno respondió. Tampoco fue posible acceder a los expedientes disciplinarios que fueron solicitados, aún cuando según las leyes 24.937 y 27.275 estos deben ser públicos.
Una Justicia que no investiga sus denuncias, que permite que los procesos caduquen y que omite sancionar casos de mal desempeño difícilmente pueda decirse justa. Fortalecer el control y la rendición de cuentas de quienes ejercen el poder de juzgar sobre nuestra democracia y nuestros derechos es esencial para restablecer la confianza pública en el Poder Judicial.
Informe Justicia Intocable
*por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)