Piden reclusión perpetua y cárcel común y efectiva en juicio por crímenes de lesa humanidad

Los abogados querellantes del primer juicio que por crímenes de lesa humanidad se desarrolla en Salta por la desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, ocurrida el 2 de febrero de 1978, en Tartagal, solicitaron condena de reclusión perpetua y cárcel efectiva para los dos imputados.


«El alegato duró más de tres horas», detalló la abogada querellante Tania Kiríaco, quien junto a su par David Leiva pidieron condena de «reclusión perpetua y cárcel común y efectiva» para los militares retirados Carlos Alberto Arias y Luis Angel Gastón Zírpolo.

Kiríaco explicó que en primer lugar realizó una semblanza de Melitón Bustos, a quien calificó de una «persona humanista, que además de escribano fue un gran docente» y apuntó que fundó el centro de estudiante de Derecho en la Universidad de Santa Fe, donde «se forjó el militante de la vida».

Los abogados, quienes durante sus alegatos se basaron en los testimonios y las pruebas documentales que se expusieron durante el proceso oral y público, relataron además que Bustos creó el primer gremio de empleados judiciales a nivel nacional y que pasó por varios partidos políticos de «altos valores democráticos».

Asimismo, Kiríaco señaló que el escribano era «una persona querida» en Tartagal, donde se lo reconocía como «honesto, generoso y solidario», de una «participación pública muy activa», con una firme «oposición a la dictadura militar», lo que lamentablemente lo llevó a «un triste final».

«A 32 años sigue estando en calidad de detenido desaparecido por razones políticas, sociales y gremiales», manifestó la letrada, quien destacó que este proceso judicial «no pudo romper el pacto de silencio de los militares que nos permita saber dónde está el cuerpo de Aldo Melitón Bustos».

Posteriormente, durante su alocución en la audiencia la abogada se refirió al contexto histórico existente al momento del secuestro y la desaparición del notario, en el marco del plan sistemático generalizado de represión ilegal probado.

Por su parte, Leiva se refirió al día en que ocurrieron los hechos y analizó cada una de las pruebas incorporadas en el marco del primer juicio que por crímenes de lesa humanidad se realiza en la provincia.

«Pudieron secuestrar, violar, apropiarse de menores y allanar domicilios, pero no pudieron con los desaparecidos, porque hoy están en el banquillo de los acusados, pagando por los 30.000 argentinos que desaparecieron durante la dictadura, ya que se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben», afirmó.

Para hoy están programados los alegatos de la fiscalía, mientras que el miércoles harán lo propio los abogados defensores.

«Esperamos tener sentencia la próxima semana, porque ya son más de cinco meses de juicio», agregó Kiríaco, quien recordó que el proceso comenzó a fines de noviembre pasado.

Bustos fue secuestrado por un grupo comando, en su casa de la ciudad de Tartagal, del norte salteño, el 2 de febrero de 1978, frente a su hijo Raúl, quien en ese momento tenía 16 años.

Arias está acusado de haber sido el autor material del secuestro, ya que así lo reconoció el hijo del escribano y otros testigos, mientras que Zírpolo era en ese momento el titular del Regimiento Monte 28, que es la sede del Ejército en Tartagal, por lo que fue considerado por los querellantes como «autor mediato».

El delito que se les imputa a los dos militares retirados es el de «privación ilegítima de la libertad por el empleo de violencia y por su duración, en concurso real con el delito de homicidio doblemente calificado, en grado de partícipe primario». (Télam)

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