La justicia pedirá 600 mil historias clínicas de salteños enfermos

La justicia pedirá 600 mil historias clínicas de salteños enfermos
El requerimiento de pruebas fue presentado ayer al juez Civil y Comercial de tercera nominación, Luis Gutiérrez, quien entiende en la acción de amparo colectivo que interpuso Quevedo, con el patrocinio del abogado Humberto
Vázquez, el año pasado.
Atribuyen a vuelcos cloacales un aumento de enfermedades
Pidieron a la Justicia que requiera informes a organismos para probar los daños atribuidos a Aguas del Norte. El incremento de las afecciones vinculadas al deficiente tratamiento de aguas servidas figura en anuarios estadísticos.
En Salta se atienden cada año cerca de 150 mil casos de enfermedades relacionadas con el agua y el deficiente saneamiento. Así lo indican los anuarios que publica la Dirección de Estadísticas de la Provincia, en base a
las patologías de notificación obligatoria reportadas por hospitales y centros de salud.
Carlos Quevedo, el usuario que demandó a Aguas del Norte (Cosaysa), el Ente Regulador de los Servicios Públicos y otros organismos provinciales por la contaminación de ríos con efluentes cloacales, pidió a la Justicia que requiera urgentes informes sobre este tipo de afecciones que se consideran estrechamente ligadas a serios incumplimientos prestacionales en un servicio que pagan, mes a mes, miles de usuarios salteños.
El requerimiento de pruebas fue presentado ayer al juez Civil y Comercial de tercera nominación, Luis Gutiérrez, quien entiende en la acción de amparo colectivo que interpuso Quevedo, con el patrocinio del abogado Humberto
Vázquez, el año pasado.
En la nueva presentación agregada al expediente judicial 326416/10, el demandante expuso su preocupación ante el significativo número de casos de enfermedades de transmisión hídrica que salta a relucir en los anuarios
estadísticos de la Provincia de 2006 a 2009. El de 2010 -con avance a 2011- todavía no fue publicado, por lo que Quevedo solicitó al juez Gutiérrez que ordene al Ministerio de Salud Pública, la Coordinación de Gestión Epidemiológica y el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia una inmediata remisión de los informes internos elevados por hospitales y centros
de salud en relación con los casos de enfermedades de transmisión hídrica atendidos hasta junio de 2011 en distintos puntos de la provincia.
Quevedo, al igual que el ingeniero ambiental Luis Caro, otro amparista que tiene encaminada hoy su demanda hacia la Corte Suprema por un conflicto de competencias, denunciaron un deficiente a nulo funcionamiento de las plantas depuradoras en más de 25 localidades concesionadas a Aguas del Norte.
En ambos casos, se adjudica una directa responsabilidad en la contaminación de diferentes ríos y embalses, la degradación del ambiente y daños en la salud a la compañía estatal de agua y saneamiento (Cosaysa), el organismo responsable de controlar sus prestaciones (Ente Regulador de los Servicios Públicos) y otras autoridades de aplicación en materia de protección ambiental, auditoría y fiscalización. En la primera línea de las imputaciones por mal desempeño formuladas en una demanda penal conexa, aparecen el director de Cosaysa,
Esteban Isasmendi, y el presidente del Ente Regulador, Armando Isasmendi, emparentado con el titular de Aguas del Norte.
En lo sustancial, los amparos que aguardan pronunciamientos de la Justicia plantean que muchos de los 150 mil casos atendidos cada año por enfermedades de
transmisión hídrica podrían evitarse si los efluentes cloacales fueran tratados en forma correcta donde se cuenta con redes cloacales y plantas depuradoras y
se dispusieran, sin más dilaciones, obras prioritarias que figuran presupuestadas en el plan maestro del Ente Regulador desde 2009, pero que aún no fueron ejecutadas en la capital y el interior de la provincia.
Informes cruciales para la causa
Entre las pruebas para certificar los daños causados en la salud por el vuelco de efluentes cloacales crudos, Quevedo pidió al juez Gutiérrez que requiera al
Laboratorio de Enfermedades Tropicales de la Unsa copias de estudios desarrollados en relación con las parasitosis y otras enfermedades de transmisión hídrica. El demandante solicitó que el requerimiento judicial se
haga extensivo a un trabajo que el citado Laboratorio realizó con la Fundación Mundo Sano, en San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal y otras ciudades en torno
de las mismas patologías.
En otro punto, el amparista pidió al juez que libre oficios a la Secretaría de Comercio, Industria y Servicios de Salta para que remita constancias de las
audiencias públicas, estudios de impacto ambiental y certificados de aptitud ambiental de cada planta de tratamiento de efluentes cloacales que Aguas del
Norte manifiesta operar. Todo ello para comprobar si se cumplen, o no, las disposiciones del Código de Aguas de la Provincia, aprobado por ley provincial 7017.
A los mismos fines, Quevedo pidió al magistrado actuante que requiera constancias de las pólizas de seguro ambiental que deberían acreditar las plantas de tratamientos declaradas por la empresa demandada en cumplimiento a las disposiciones del artículo 22 de ley nacional 25675.
Por último, y atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados en el amparo colectivo, Quevedo pidió que el expediente 326416/10 sea habilitado para la feria judicial.

vuelos_cloacales

El requerimiento de pruebas fue presentado ayer al juez Civil y Comercial de tercera nominación, Luis Gutiérrez, quien entiende en la acción de amparo colectivo que interpuso Quevedo, con el patrocinio del abogado HumbertoVázquez, el año pasado. Atribuyen a vuelcos cloacales un aumento de enfermedades.

Pidieron a la Justicia que requiera informes a organismos para probar los daños atribuidos a Aguas del Norte.

El incremento de las afecciones vinculadas al deficiente tratamiento de aguas servidas figura en anuarios estadísticos.

En Salta se atienden cada año cerca de 150 mil casos de enfermedades relacionadas con el agua y el deficiente saneamiento. Así lo indican los anuarios que publica la Dirección de Estadísticas de la Provincia, en base alas patologías de notificación obligatoria reportadas por hospitales y centros de salud.

Carlos Quevedo, el usuario que demandó a Aguas del Norte (Cosaysa), el Ente Regulador de los Servicios Públicos y otros organismos provinciales por la contaminación de ríos con efluentes cloacales, pidió a la Justicia que requiera urgentes informes sobre este tipo de afecciones que se consideran estrechamente ligadas a serios incumplimientos prestacionales en un servicio que pagan, mes a mes, miles de usuarios salteños.

El requerimiento de pruebas fue presentado ayer al juez Civil y Comercial de tercera nominación, Luis Gutiérrez, quien entiende en la acción de amparo colectivo que interpuso Quevedo, con el patrocinio del abogado HumbertoVázquez, el año pasado.

En la nueva presentación agregada al expediente judicial 326416/10, el demandante expuso su preocupación ante el significativo número de casos de enfermedades de transmisión hídrica que salta a relucir en los anuariosestadísticos de la Provincia de 2006 a 2009. El de 2010 -con avance a 2011- todavía no fue publicado, por lo que Quevedo solicitó al juez Gutiérrez que ordene al Ministerio de Salud Pública, la Coordinación de Gestión Epidemiológica y el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Provincia una inmediata remisión de los informes internos elevados por hospitales y centrosde salud en relación con los casos de enfermedades de transmisión hídrica atendidos hasta junio de 2011 en distintos puntos de la provincia.

Quevedo, al igual que el ingeniero ambiental Luis Caro, otro amparista que tiene encaminada hoy su demanda hacia la Corte Suprema por un conflicto de competencias, denunciaron un deficiente a nulo funcionamiento de las plantas depuradoras en más de 25 localidades concesionadas a Aguas del Norte.

En ambos casos, se adjudica una directa responsabilidad en la contaminación de diferentes ríos y embalses, la degradación del ambiente y daños en la salud a la compañía estatal de agua y saneamiento (Cosaysa), el organismo responsable de controlar sus prestaciones (Ente Regulador de los Servicios Públicos) y otras autoridades de aplicación en materia de protección ambiental, auditoría y fiscalización.

En la primera línea de las imputaciones por mal desempeño formuladas en una demanda penal conexa, aparecen el director de Cosaysa,Esteban Isasmendi, y el presidente del Ente Regulador, Armando Isasmendi, emparentado con el titular de Aguas del Norte.

En lo sustancial, los amparos que aguardan pronunciamientos de la Justicia plantean que muchos de los 150 mil casos atendidos cada año por enfermedades detransmisión hídrica podrían evitarse si los efluentes cloacales fueran tratados en forma correcta donde se cuenta con redes cloacales y plantas depuradoras yse dispusieran, sin más dilaciones, obras prioritarias que figuran presupuestadas en el plan maestro del Ente Regulador desde 2009, pero que aún no fueron ejecutadas en la capital y el interior de la provincia.
Informes cruciales para la causa

Entre las pruebas para certificar los daños causados en la salud por el vuelco de efluentes cloacales crudos, Quevedo pidió al juez Gutiérrez que requiera alLaboratorio de Enfermedades Tropicales de la Unsa copias de estudios desarrollados en relación con las parasitosis y otras enfermedades de transmisión hídrica. El demandante solicitó que el requerimiento judicial sehaga extensivo a un trabajo que el citado Laboratorio realizó con la Fundación Mundo Sano, en San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal y otras ciudades en tornode las mismas patologías.

En otro punto, el amparista pidió al juez que libre oficios a la Secretaría de Comercio, Industria y Servicios de Salta para que remita constancias de lasaudiencias públicas, estudios de impacto ambiental y certificados de aptitud ambiental de cada planta de tratamiento de efluentes cloacales que Aguas delNorte manifiesta operar. Todo ello para comprobar si se cumplen, o no, las disposiciones del Código de Aguas de la Provincia, aprobado por ley provincial 7017.
A los mismos fines, Quevedo pidió al magistrado actuante que requiera constancias de las pólizas de seguro ambiental que deberían acreditar las plantas de tratamientos declaradas por la empresa demandada en cumplimiento a las disposiciones del artículo 22 de ley nacional 25675.

Por último, y atendiendo a la gravedad de los hechos denunciados en el amparo colectivo, Quevedo pidió que el expediente 326416/10 sea habilitado para la feria judicial.

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