La Justicia dio curso a una denuncia de la diputada Cornejo

El 7 de octubre de 2009, la diputada provincial Virginia Cornejo (PPS), formuló una denuncia ambiental ante la Procuración General de la Provincia y solicitó su urgente intervención, ante la situación originada en el cauce del río Arenales, a la altura del Puente Blanco sobre la avenida Tavella.


En una de las márgenes del río, una empresa privada había efectuado movimientos de tierra sobre el lecho, con la aparente finalidad de ganar superficie para su terreno, lo cual ocasionó el taponamiento con material de relleno de gran parte de lo que se denomina la “luz” del puente.

Esta situación fue denunciada ante el procurador general, Pablo López Viñals, por considerarse que podría configurar una grave infracción ambiental y poner en riesgo a la comunidad que habita en la margen opuesta al relleno efectuado. (Se adjunta el texto a este parte de prensa)

La denuncia dio origen a la causa 17246/09, contra “Néstor Marozzi y/o NN” por peligro de desastre, en el Juzgado de Instrucción Formal de 6ta Nominación, a cargo del doctor José María Alvarado Solá, secretaría a cargo de la doctora María Cristina Carignan.

En el marco de esta causa, el 12 de febrero último el Juzgado que interviene dictó la siguiente Resolución:

Ordenar la remoción de los escombros y suelos que fueron realizados o autorizados por persona o personas a determinar, los cuales se encuentran sobre el margen derecho del Río Arenales, aguas arriba del cauce del Río Arenales.

Ordenar que la obra a realizar se realice por la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Costas y accesorios a cargo de la misma provisoriamente.

Ordenar que la obra sea realizada en carácter de muy urgente, por lo que la presente se deberá dar trámite inmediatamente.

Ordenar que la obra sea realizada por personal idóneo en el tema a los fines de no comprometer el puente del río o empresa que pudiera estar en el lugar.

Ordenar que una vez conformada la comisión que va a estar a cargo de la remoción de los escombros, se ponga en conocimiento de este Tribunal los nombres completos de cada uno, función que cumplieran en el lugar y a cargo de quién estará la obra.

El 15 de febrero, el oficio conteniendo esta Resolución fue recibido en el despacho del Intendente Municipal. Al no haber recibido respuesta de parte del Ejecutivo Municipal, el Juzgado ha librado un nuevo oficio reiterando la orden e intimando a la Municipalidad a su cumplimiento, bajo apercibimiento de desobediencia judicial. Asimismo, cursó un oficio a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia para que informe si se removieron los escombros y si existe peligro para los vecinos del lugar.

Fte Prensa PPS

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