La Corte de Justicia confirmó la sentencia contra un abusador

La Corte de Justicia confirmó la sentencia contra Guillermo Eloy Calisaya al rechazar el recurso de casación interpuesto por su defensa técnica contra la condena a catorce años de prisión efectiva dictada por la Cámara en lo Criminal de Orán que lo encontró autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores agravada, todo en concurso real.

Los hechos que motivaron la condena se produjeron entre 2005 y 2006.

La Corte de Justicia ratificó la validez de la sentencia de la cámara “porque en sus fundamentos se ha cumplido con una ponderación completa de los hechos” y recordó que “son sentencias arbitrarias aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado de la causa”.

También apuntó que el bien jurídico protegido por la figura de abuso sexual con acceso carnal es la libertad sexual de la víctima, entendida como la posibilidad de determinar libremente sus conductas íntimas y que no se ataque su reserva sexual. Por el carácter mismo del delito es casi imposible conseguir testigos directos del hecho, “debiendo basarse el magistrado en las declaraciones de la víctima, de las personas que tomaron conocimiento de lo acontecido a través de sus dichos y en las conclusiones a las que arriban los expertos en las respectivas pericias” y agregó el Alto Tribunal salteño que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo ¡que la prueba en los delitos contra la honestidad es de difícil recolección pero no de imposible investigación”.

También ponderó el hecho que en la guarda “se halla implícito el deber moral de asumir el amparo físico y moral del menor” y también la obligación de cumplir “con el deber de vigilarlo o ampararlo, y el que comete alguno de los delitos contra la integridad sexual, con su conducta está violando gravemente ese deber que lo obliga a velar moralmente por el menor, a favorecer la formación de su personalidad y, por tanto, a no atentar contra ella arrasando con su libertad y su dignidad”.

En este caso en particular, se apuntó que los actos realizados por el imputado “no quedaron en un solo acontecer de desahogo aislado de su instinto sexual, sino que se prolongaron en el tiempo aprovechando la situación de desprotección” de las menores.

Al realizar la revisión integral de la sentencia de la Cámara en lo Criminal de Orán, se concluyó que al contar la sentencia con fundamentación adecuada y la certeza necesaria respecto de la responsabilidad penal de Calisaya, existen los elementos suficientes para rechazar el recurso de casación y confirmar la condena impuesta.

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