Imputan a un hombre tras una “entrega vigilada” de cocaína

En una audiencia de control de la legalidad e imputación penal, celebrada esta semana, el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, imputó a un hombre de 36 años, residente en Tucumán, por el delito de transporte de estupefacientes.

Ante el juez federal de Garantías Nº1, Julio Bavio, el fiscal federal presentó la carga probatoria en contra del acusado, detenido en el marco de una “entrega vigilada” ejecutada el viernes 26 de noviembre en la terminal de ómnibus de Tucumán, cuando se presentó a retirar una encomienda.

Asistido por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y el integrante del área Pablo Carraro, Toranzos solicitó también un plazo de investigación de 64 días, requirió autorización para la realización de pruebas pendientes y pidió la prisión preventiva del detenido. Este último planteo fue controvertido por la defensa oficial, que aludió razones de salud y reclamó el arresto domiciliario.

La fiscalía, por su parte, se pronunció contra la alternativa de que el detenido permanezca bajo arresto domiciliario, en función del riesgo procesal que significaría para el caso. Al decidir sobre este punto, el juez hizo lugar a los pedidos de la fiscalía. Dio por legalizada la detención del acusado, formalizó la imputación penal en su contra por el delito de transporte y, finalmente, ordenó la prisión preventiva por un lapso de 20 días. Asimismo, autorizó la realización de las medidas de pruebas pendientes requeridas por el Ministerio Público Fiscal y aceptó el plazo de investigación de 64 días.

Retiro de encomienda

Las actuaciones se iniciaron el 26 de noviembre, alrededor de las 10.55 a partir de la intervención de personal de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, de Gendarmería Nacional, cuando controlaba a un automotor que transportaba encomiendas para una empresa privada.
Confirmada la sospecha respecto a un paquete transportado, la fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que autorice su apertura, se remplace la droga con otro elemento de idéntico peso y se siga adelante con los pasos de rigor en el marco de una “entrega vigilada”. Al hacerlo, según explicó el fiscal, el personal a cargo de la diligencia descubrió que dentro del paquete había tres “ladrillos” con cocaína por un peso de 3 kilos, por lo que se avanzó con lo ordenado.

Cabe señalar, en este aspecto, que el Área de Casos Complejos, desde que se implementó el sistema acusatorio en Salta y Jujuy, aplicó ya dos veces con éxito esta herramienta procesal: derivó en cinco condenas y la ratificación de acusación contra otros dos imputados. En ambos casos los implicados utilizaron la misma modalidad de transporte de estupefacientes a través de encomiendas. El primero con destino a Córdoba y el segundo la provincia de Mendoza.

En esta oportunidad, Toranzos informó que se abrió el paquete, se constató la presencia de cocaína, se la reemplazó por arena y se reacondicionó el bulto sin alterar la forma en que fue confeccionado, a fin de no levantar sospechas.
Así, el paquete siguió su ruta de viaje hasta la provincia de Tucumán, donde fue depositado en la sede de la empresa transportista bajo la vigilancia de los efectivos de Gendarmería intervinientes.

Al otro día, el 27 de noviembre, el acusado se presentó a retirar la encomienda en cuestión, aunque fue detenido apenas intentó abandonar la sede de la empresa. Toranzos explicó en la audiencia que el acusado se presentó con un DNI ajeno, que se correspondía con la identidad de la persona que fue declarada como destinataria.

En vista de ello, el fiscal federal imputó al detenido los delitos de transporte de estupefaciente en concurso ideal con el de uso de documento falso. Indicó también que se desarrollaron con otras medidas complementarias, que permitieron el secuestro de teléfonos celulares y documentación que ahora serán sometidas a pericias.

Reincidencia

El MPF observó que el detenido cumplía una pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes. Comenzó a transitar la libertad condicional el 23 de diciembre de 2019, estado bajo el cual se hallaba cuando habría vuelto a incurrir en el mismo delito, lo que evidenciaba “las serias probabilidades de que continúe con esta misma conducta”.

Para Toranzos es muy probable que haya sido el acusado quien despachó la encomienda, aportó una identidad falsa y luego, ya en Tucumán, utilizó una documentación ajena, lo que demostraba que tampoco le sería difícil obtener tratamiento médico para su enfermedad. Sostuvo, luego, que los argumentos de arraigo presentados por la defensa contra la prisión preventiva eran muy vagos, pues carecían de precisión. Resaltó el “grave peligro de fuga” y recordó que aún resta conocer qué medida tomará sobre el beneficio de la libertad condicional el Tribunal Oral Federal Nº 2, que lo condenó.

Atento a ello, y al expedirse, el juez Bavio reconoció el estado de salud del acusado -padece diabetes- y la situación de pandemia reinante, pero se volcó por disponer la prisión preventiva y, para garantizar la atención médica del acusado, dispuso que reciba la asistencia requerida para su enfermedad.

Por último, señaló que la actitud del acusado no representa ninguna garantía de que cumplirá las medidas alternativas de coerción, por lo que concederle otro beneficio que no sea la privación de la libertad sería “otorgarle un salvoconducto para seguir delinquiendo. Y ello no se puede aceptar”.
fuente: MPF Nación

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