El presente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) describe y caracteriza la conflictividad laboral en el empleo estatal de las provincias argentinas como resultado de la caída de la recaudación. A partir de la construcción de una base de datos propia, se propone analizar el impacto de la retracción del ingreso del erario público e identificar de qué manera esta disminución genera conflictos en los sectores de salud, educación, seguridad, justicia y en el conjunto de los empleados estatales.
Este documento releva, sistematiza y analiza casos ocurridos en lo que va del año 2026, a partir del seguimiento periódico de coberturas periodísticas. CEPA destaca que la base construida no abarca la totalidad de los casos ocurridos, sino únicamente aquellos que han adquirido relevancia en la opinión pública.
Principales conclusiones:
- En promedio, el primer cuatrimestre de 2026 muestra una caída de 5,6% en los Recurso de Origen Nacional (RON) y -7,2% en Coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 16,0% (período dic/23 – mar/26) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23). En 2025, en ninguna provincia los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) representaron más del 2% del total de sus recursos, considerando la suma de Recursos de Origen Nacional (incluida la Coparticipación Federal de Impuestos) y Recursos de Origen Provincial, por lo que no representan una solución a la merma de ingresos nacionales y provinciales.
- Para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se concentra en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado.
- La caída de la recaudación implicó ajustes en algunos de los sectores donde se concentra el gasto. De allí que todas las provincias argentinas presentan casos de conflictividad en sectores como educación, salud, seguridad, jubilaciones y justicia.
- Desde inicios del 2026 se registraron al menos 101 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 66,3% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 33,7% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.
- En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 219/2026 un régimen de anticipos financieros para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), por hasta $400.000 millones. El decreto reconoce que dichas provincias se ven impedidas transitoriamente de atender sus compromisos presupuestarios más urgentes, y establece que los anticipos deberán reintegrarse dentro del ejercicio fiscal mediante retención automática de coparticipación.
- En definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos. Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos.