Salta y Catamarca dirimen un conflicto limítrofe en el Congreso

Discuten a quién pertenecen las minas ubicadas en el borde fronterizo del departamento salteño Los Andes y la zona vecina de Antofagasta de la Sierra, Catamarca.

Entre las provincias de Salta y Catamarca hay un problema que parece sin solución: a cuál de las dos provincias pertenecen las minas ubicadas en el borde fronterizo de los departamentos Los Andes (Salta) y Antofagasta de la Sierra (Catamarca). Allí chocan intereses en torno a las riquezas minerales del Salar de Diablillos.

La provincia de Catamarca interpuso una demanda ante la Corte Suprema y ésta -aunque con disidencia del Juez Juan Carlos Maqueda- se declaró competente para dirimir el litigio. Por tal motivo, la senadora salteña Sonia Escudero (del bloque 8 de octubre) presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral con el objeto de lograr una solución definitiva a la controversia. La iniciativa fue firmada también por Juan Carlos Romero y Juan Agustín Pérez Alsina.

La demanda elevada a la Corte se apoya en el decreto 9.375 de 1943 para sostener que Salta avanzó sobre el territorio catamarqueño, disponiendo de sus recursos naturales como si fueran propios. Este instrumento es el que dividió al Territorio Nacional de Los Andes en tres fracciones, sin respetar derechos posesorios de Salta preexistentes a la Gobernación creada en 1900.

“Es el Congreso de la Nación quien tiene la facultad de arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, puesto que así lo dispone la Carta Magna. Atento que el gobierno de Catamarca resolvió llevar el caso al fuero judicial, es necesario que sea el Parlamento -a través de los estudios y conclusiones que realice la Comisión Bicameral- el que resuelva este viejo litigio entre ambas provincias”, sostuvo la legisladora. “La comisión será integrada por seis senadores y seis diputados, para dictaminar sobre los límites territoriales entre las provincias de Salta y Catamarca, en aquellos trazados no constituidos por la ley 18.500”, dice el texto del proyecto de Escudero. En caso de aprobarse, los gobiernos de ambas provincias deberán aportar a la comisión todos los elementos de juicio, antecedentes, documentación y testimonios relativos a los derechos que invocan. Por otra parte, el cuerpo debería requerir el asesoramiento técnico del Instituto Geográfico Militar.

No caben dudas que, a partir del desarrollo de la minería en la región, la revalorización de la zona puso en evidencia la precariedad de los títulos de propiedad y la falta de demarcación de límites. La falta de precisión en las documentaciones oficiales del orden nacional convirtió un simple diferendo entre dos provincias hermanas en un gran conflicto.

Fte www.cronista.com

 

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